¿Para cuándo el sistema penitenciario?

¿Qué debe pasar para que este Congreso, distraído por la época electoral y por el atropellado aterrizaje del acuerdo de La Habana, entienda que esto es una prioridad? / David Campuzano - El Espectador

Por demasiados años, y pese a los reclamos de la Corte Constitucional, académicos y las familias de los presos, el Estado colombiano ha ignorado la precaria situación del sistema penitenciario, colapsado y sujeto a dinámicas que atentan contra la dignidad humana de sindicados y condenados. Lo que viene ocurriendo en las últimas dos semanas en Bogotá es una señal de alerta más para empujar una reforma que ataque el problema en sus raíces.

El lunes de esta semana, 14 retenidos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda huyeron tras organizar un motín en el que resultaron heridos tres policías. La semana pasada, 21 detenidos de la URI de Tunjuelito también se fugaron. Además, en la cárcel La Picota se registró una revuelta que dejó a 34 personas heridas (entre prisioneros y guardias) y denuncias por parte y parte sobre abusos de las autoridades.

Estos disturbios se producen en medio de la incapacidad de las autoridades de controlar a una población carcelaria cada vez mayor. Como reportó El Espectador, en Bogotá los índices de hacinamiento en las cárceles de la ciudad llegan a 63 %, en las URI y estaciones de Policía permanecen 639 personas, pese a que no son sitios para la reclusión de procesados o condenados.

En La Picota, por ejemplo, mientras su capacidad es para 5.810 reclusos, a la fecha hay 8.261. En La Modelo, si bien tiene una capacidad para 3.081 personas, el índice de hacinamiento es del 63 %. El resultado, como lo indicó la familia de uno de los presos, es que “en una celda de uno por dos metros pueden dormir 15 personas”.

Las causas del hacinamiento están debidamente identificadas. Informes de distintas fuentes, y reconocidos por el mismo Gobierno, apuntan a la necesidad de reformar el sistema penal para que las cárceles dejen de llenarse por delitos que podrían ser excarcelables y reparados de otra manera.

Sin embargo, la inacción y la falta de voluntad política han reducido todas las reformas a pañitos de agua tibia. A mediados de este año, el Ministerio de Justicia radicó un proyecto de reforma que propone alternativas a la prisión para delitos menores, la modificación del régimen de permisos penitenciarios y el fortalecimiento de enfoques diferenciales.

Aunque no es una solución suficiente, se trata de un avance en la dirección correcta. ¿Qué debe pasar para que este Congreso, distraído por la época electoral y por el atropellado aterrizaje del acuerdo de La Habana, entienda que esto es una prioridad?

La población carcelaria suele ser estigmatizada. En el imaginario de muchos colombianos, las condiciones de quienes han cometido delitos son irrelevantes. Pero eso es una visión inadecuada por dos motivos.

Primero, porque la dignidad humana no se pierde en el momento de la condena, como lo dice la Constitución. Además, no sobra agregar que muchas de las personas recluidas ni siquiera han recibido sentencia, dada la inoperancia de nuestro sistema judicial.

Segundo, porque si la apuesta del país es por la resocialización, no se puede permitir que los centros de reclusión sean republiquetas independientes donde opere la ley del más fuerte. Si están pensando en sobrevivir todo el tiempo, ¿cuál es el incentivo para reformarse?

Esto es un llamado de atención a todos los candidatos: el hacinamiento no puede seguir siendo un tema olvidado.

 

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