La desconexión entre la Casa de Nariño y el parlamento ha sido evidente. Se han anunciado grandes proyectos, pero al aterrizar en el Congreso se estancan, a tal punto que, cerca del final de la legislatura, la agenda legislativa del Gobierno está al borde de hundirse.
La creación de una sala especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz para procesar a uniformados afortunadamente no prosperó, la reforma a la justicia no avanza, la reforma política se enredó en medio de discusiones innecesarias sobre aumentar los períodos de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, e incluso la ley de financiamiento, un punto esencial en el plan de la administración Duque, está siendo sepultada por una avalancha de críticas.
Se entiende, entonces, la decepción del Centro Democrático y su creciente frustración.
Sin embargo, la solución no es dejar de apelar a los mecanismos existentes. A través de su cuenta de Twitter, el senador Macías escribió que “definitivamente no es posible tramitar vía Congreso verdaderas reformas a la justicia, ni política, ni ajustar los Acuerdos de La Habana; las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden. El presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea constituyente”.
El Gobierno ha dado señales en el pasado de que esta no es una posición que tenga interés en apoyar. No sería, además, la primera vez que la Presidencia contradiga una propuesta del senador Macías.
No obstante, dentro del partido de gobierno sí hay voces a favor de la idea y el presidente del Senado es una figura de vital importancia, por lo que su comentario no puede ser desestimado sin consideración.
Los problemas con una asamblea constituyente en este momento son varios. Primero, lo escrito por el senador Macías parece ser un rechazo de los mecanismos mismos de la democracia: ¿cómo es posible que el partido mayoritario, al ver que no ha podido convencer a los demás parlamentarios, diga que entonces lo mejor es disolver el Congreso y empezar de nuevo toda la configuración del Estado?
Segundo, si bien compartimos la idea de que hay reformas pendientes, ¿la solución es patear la mesa, convocar a elecciones en un país polarizado y desgastado electoralmente, y cambiar una Constitución que ha mostrado muchísimas virtudes, especialmente en la protección de los derechos de los colombianos?
A las constituyentes, como a las guerras, uno sabe cómo entra, pero no cómo (ni cuándo) va a salir. Los resultados pueden ser nefastos. Sería más fácil que el partido de gobierno le apueste, precisamente, a gobernar con las reglas que ya existen.
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