Pena de muerte, narcotráfico e incentivos perversos

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La indignación que se ha generado en el país por la ejecución en China de un colombiano capturado por narcotráfico, si bien es un recordatorio de lo inhumana que es la pena de muerte y además, esperamos, para entender por qué no la tenemos en Colombia, también ha generado una dinámica que consideramos dañina: no podemos culpar a la Cancillería por no lograr la repatriación de los connacionales que violan la ley en otros países. Entre otros motivos, porque eso crea un incentivo perverso para los delincuentes, en particular las “mulas”.

El caso que generó conmoción es impresionante. Ismael Arciniegas Valencia fue ejecutado a las 9:47 de la noche del 27 de febrero por las autoridades chinas. Él había sido capturado en 2010 con cuatro kilos de cocaína y condenado a pena de muerte por el delito de contrabando de estupefacientes. La ley penal china establece que el contrabando de más de 50 gramos de cocaína puede ser castigado con penas que van desde 15 años de cárcel hasta la pena de muerte. Durante el proceso, Arciniegas admitió su culpabilidad y reconoció que sabía que estaba transportando droga de manera ilegal y que le iban a pagar US$5.000 por servir de “mula”.

La condena, a todas luces, es exagerada. Que un Estado disponga de la vida de una persona es un acto inhumano. Esa no es, sin embargo, la discusión que queremos dar.

La situación de Arciniegas, lastimosamente, no es poco común. Actualmente en China hay cinco colombianos condenados a pena de muerte por el delito de narcotráfico (tres sentencias ratificadas y dos en espera de la apelación), diez a pena de muerte con suspensión por dos años y 15 a cadena perpetua. De los 163 colombianos detenidos en China, 147 lo están por delitos relacionados con narcotráfico y el número va en aumento.

En ese contexto, la Cancillería colombiana lleva varios años de trabajos diplomáticos con los funcionarios chinos, explicando que en nuestro país no opera la pena de muerte y pidiendo la repatriación de quienes violen el ordenamiento jurídico de ese país.

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Según datos de la Cancillería otorgados a El Espectador, cada vez que un colombiano preso en el extranjero es repatriado, aumenta el número de nacionales capturados por tráfico de estupefacientes. El 57 % de todos los detenidos colombianos en el mundo lo son por delitos relacionados con las drogas.

La lógica perversa opera de la siguiente manera: los narcotraficantes colombianos les dicen a sus “mulas” que no se preocupen si son capturados, pues el Gobierno Nacional hará hasta lo imposible para traerlos de vuelta a Colombia. Un acto en esencia humanitario se convierte, entonces, en un instrumento para los criminales.

Por eso son injustas las críticas a la Cancillería. Por más despreciable que nos parezca la pena de muerte, China es un país soberano que tiene el derecho de hacer valer su ordenamiento jurídico como lo considere pertinente, incluso si va en contra de las costumbres de otro Estado.

Es muy diciente, además, que muchos de los capturados reconocen que entendían el riesgo al que se sometían aceptando servir de correos humanos para la ilegalidad. Ante eso, el mensaje de la sociedad debe ser contundente: rechazamos por completo la irresponsabilidad de ayudar al narcotráfico, pero haremos lo posible, dentro de la ley, para que no tengan que pagar una pena inhumana. Sin embargo, es útil que los colombianos que estén pensando en aventurarse en el turismo ilícito recuerden una máxima jurídica que aplica aquí y en China: la ley es dura, pero es la ley.

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