Petroleras y política

Desde que se revirtió la concesión de la Tropical Oil Company y se nacionalizó la producción de petróleo, la actividad sindical del sector ha sido siempre alta.

No es para menos: fue precisamente por este movimiento que el país asumió la explotación de sus recursos y nació Ecopetrol con sus muy reconocidas garantías laborales. Garantías que, entre otras, la Unión Sindical Obrera (USO) supo extender a contratistas y que, desde entonces, ha luchado por extender a todo el sector minero. Una pretensión, por demás, legítima, como legítima es la reticencia de algunas compañías a ofrecer los mismos beneficios de Ecopetrol. Finalmente, ni todos los sectores mineros son tan rentables como el petróleo, ni todas las explotaciones petroleras son tan rentables como aquellas de la principal empresa nacional. Lo importante, sin embargo, es mantener las garantías de los trabajadores por encima de los mínimos legales y fue aquí donde vino el descuido de la petrolera Pacific Rubiales en Puerto Gaitán: uno de sus contratistas demoró la quincena, la seguridad social y otras prestaciones a sus trabajadores.

¿Debe responder Pacific Rubiales por tal negligencia? Sin duda. Aunque la petrolera tenga 1.400 empleos directos y a su mano de obra no calificada le pague un mínimo similar al de Ecopetrol —$1’050.000, más seguridad social, más alimentación, más vivienda, más lavandería y demás—, no puede permitir que sus contratistas les incumplan a los trabajadores, así éstos no sean propios. Pacific Rubiales, es claro, incurrió en una falta. ¿Fue ésta una falta generalizada? Según las inspecciones del Ministerio de la Protección Social, no. Ni tampoco parece ser que la petrolera tenga montado un mecanismo de subcontratación para evadir responsabilidades, pues la gran mayoría de los contratistas se dedican, no a labores mineras, sino al mantenimiento del campo y actividades de soporte. Más importante aún: no fue la mayoría, sino una minoría de los trabajadores, quienes protagonizaron las revueltas que, por fortuna, se encuentran hoy en una mesa de diálogo, pero que le supieron costar al país US$80 millones que se dejaron de percibir por cuenta de regalías.

¿Se sugiere entonces que, porque se trataba de una minoría, sus quejas eran menores? No. Pero sí que la revuelta la desató un fenómeno más político que laboral, pues si bien los trabajadores del contratista en cuestión estaban en todo su derecho de dejarse asesorar por la USO, no se habían agotado los recursos legales, ni la primera mesa de diálogo que el mismo Gobierno, en cabeza del vicepresidente Garzón, había instaurado el 3 de agosto para dar espacio abierto a las inconformidades. ¿Por qué, entonces, violentar el campo de Rubiales y suspender la producción perjudicando a la nación entera? Quizás porque justo antes de la manifestación violenta se hizo público un comunicado en que la comunidad se negaba a ser representada por la USO. Convenía desviar la atención.

El panorama se hace aún más complejo: en la comunidad de Puerto Gaitán hay otros pesos políticos además de los miembros de la USO y lo que la negligencia de Pacific Rubiales destapó fue, entre otras cosas, el negocio sucio de las remisiones, ahora en cabeza de las Juntas de Acción Comunal, pero de las cuales el gremio sindical, se dice, quiere parte. La petrolera, en algún acercamiento, aceptó que toda su mano de obra no calificada fuera remitida por estas JAC. Las personas de estas remisiones, sin embargo, comenzaron a llegar no del Meta, sino de todas las latitudes. Aunque no se sabe con certeza, se cree que el precio del cupo es 30% del salario que ofrece la petrolera. Una buena fuente de ingresos que los líderes comunitarios no están dispuestos a perder y menos aún en tiempo de elecciones. La USO, sin embargo, no pierde la oportunidad para presionar y ganar afiliados. Lo que muchos de ellos no saben, y el motivo por el cual se han devuelto tantas membresías, es que para pertenecer al sindicato hay que pagar todos los meses.

 

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