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9 May 2014 - 3:15 a. m.

Piratas impecables

Una inusitada indignación se ha levantado por cuenta de los retenes que la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá realizó desde el fin de semana pasado para ubicar a los carros blancos que prestan un servicio público a través de la aplicación móvil Uber, presente, por demás, en 100 ciudades de 40 países.

El Espectador

Uber es un intermediario: el usuario se conecta a través de él con las empresas de servicios especiales. La operación es bastante sencilla y limpia: sin taxímetros, la aplicación fija la tarifa única que debe ser pagada por el usuario por medio de una tarjeta de crédito. ¿La ventaja? Es un servicio pulcro, que recoge a la persona donde ella desee y la deja en su destino sin cuestionamiento alguno. Tiene otras cosas que justifican su precio medianamente elevado: los taxis siempre están limpios, los conductores no conducen a altas velocidades ni infringen las normas de tránsito y —nada despreciable en nuestras ciudades donde cabalga el “paseo millonario”— el cliente no tiene que llevar dinero ni tarjetas pues automáticamente el cobro entra en su tarjeta de crédito, entre otras varias ventajas comparativas frente a la media de nuestros taxis. Los hoy indignados usuarios estaban ayer satisfechos y felices con una opción al abuso de los taxistas.

¿Ilegal la cosa? Puede ser, aunque la norma que regula todo esto es un tanto confusa y, además, diseñada en un tiempo en el que estos avances de la tecnología no existían. El decreto 174 de 2001 dice en su artículo 6 que el servicio público de transporte especial es todo aquel que “se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios”.

Por lo tanto, una interpretación muy literal de la norma daría como resultado que estos carros no podrían transportar individualmente a las personas del común como lo estaban haciendo. Solo a grupos específicos que sean parte, por ejemplo, de una empresa, de un colegio, de un hotel... Eso, al menos, es lo que dice la Secretaría Distrital de Movilidad, que interpreta la ley de la manera más rigurosa. Y que, con la fuerza que esta le concede, ha decidido mandar a los policías a hacer los retenes.

Actitud que no se ve reflejada en otros actos que a la ciudadanía sí le disgustan: los taxis que no quieren llevar a los usuarios en horas pico; los servicios piratas que hacen paseos millonarios; los otros cientos de servicios ilegales que trepan las empinadas calles universitarias del centro o del norte de Bogotá con cinco pasajeros a la mano que pagan una tarifa fija. Y así. Esos problemas, que persisten en Bogotá al lado de la férrea oposición a los de servicios especiales, no tienen solución. Indignante.

Dijo Uldarico Peña, vocero del gremio de taxistas de Taxis Libres, a propósito de toda esta polémica, que Uber “fijó tarifas y recorridos por distancias a su acomodo. Omitieron a las autoridades, se pasaron por alto la Alcaldía de Bogotá, dejaron a un lado hacer estudios”. Qué pena nos da con el señor Peña pero, más que al ilegal Uber, sus palabras parecieran estar dirigidas a la media de taxistas de su propio gremio.

Por lo pronto, la Secretaría cumple con la ley (una parte de ella). Pero mucho habrá que discutir sobre la legalidad y los efectos de estas aplicaciones móviles que le están dando al ciudadano un buen servicio. Ahora es el Ministerio de Transporte el que tiene la palabra.

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