Populismo militarista en México

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La decisión de la Fiscalía mexicana de exonerar de responsabilidad al general Salvador Cienfuegos, avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por cargos de narcotráfico y lavado de activos, genera serios interrogantes para la justicia en México y abre un grave conflicto con Washington en materia diplomática y de colaboración judicial. Cienfuegos, poderoso secretario de Defensa entre 2012 y 2018, fue detenido en Estados Unidos por presuntos hechos que lo vinculan con un cartel de su país. Luego de un pulso entre las autoridades de ambos países se autorizó su devolución a México, así como el levantamiento de cargos en el país del norte, por lo cual queda libre de responsabilidad en ambos países, al menos por ahora.

Establecer, o no, la participación del general Cienfuegos es potestad de las autoridades judiciales. La Fiscalía mexicana sostiene, por un lado, que las pruebas entregadas por las autoridades de los Estados Unidos, en especial la DEA, eran demasiado débiles y no ameritaban su juzgamiento. En el Departamento de Justicia en Washington se ratifican en su validez, han manifestado estar “profundamente decepcionados por la decisión de México”, e insisten en que se “mantienen plenamente la investigación y sus cargos” contra el general. Para aumentar la tensión entre los dos países, AMLO autorizó que todo el expediente, compartido por Washington de manera confidencial, fuera hecho público, lo cual, según las autoridades estadounidenses, viola las cláusulas del Tratado de Asistencia Legal Mutua. Lo cierto es que el presidente mexicano ha dado un gran poder a las Fuerzas Armadas de su país, y entre las personas con mayor ascendiente sobre los militares está el propio Cienfuegos.

Cuando se produjo su captura, el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, se presentó la primera confrontación entre los dos países. AMLO, sorprendido e indignado porque las autoridades antidrogas de Estados Unidos no informaron a México, señaló entonces que la detención de Cienfuegos no era más que un hecho propagandístico en plena campaña electoral en el país vecino. La investigación de la DEA llevaba más de dos años y había sido avalada completamente por una jueza en Nueva York, quien autorizó la detención y negó la posibilidad de que se fijara una fianza. De esta manera quedaba claro que los cargos que sustentaban la acusación revestían extrema gravedad.

Luego de un forcejeo entre ambos países, a mediados de noviembre del año pasado, las autoridades en Estados Unidos retiraron los cargos y devolvieron al general con el compromiso de que sería investigado en su propio país. Dos meses después, se conoce su exoneración ante la dificultad de encontrar pruebas que demuestren su culpabilidad. El propio presidente López salió en defensa de la Fiscalía al afirmar que las autoridades del país vecino fabricaron el caso y ratificó que se trató de una táctica electoral: “Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda y respalda”.

Como lo ha señalado el periódico El País, de España, “más allá de la discusión sobre la solvencia de las pruebas recabadas por la DEA, actuar como si México fuera un Estado ajeno a la penetración del narco es de una ceguera palmaria”. Hechos como el procesamiento en EE. UU. de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón; la fuga del Chapo Guzmán y muchos más son pruebas claras de las dificultades institucionales que enfrenta los mexicanos en su lucha contra el narco. Esta situación causó “profunda decepción” en Estados Unidos, tanto por la liberación de Cienfuegos como por la publicación de las pruebas entregadas en confidencialidad.

Así las cosas, justo en medio de una compleja transición presidencial en Estados Unidos, queda abierta una innecesaria herida en la relación bilateral entre estos dos países que no será fácilmente reparable en la lucha contra el narco.

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