¿Por qué la tardanza?

¿Por qué, si desde hace por lo menos siete años existen denuncias de las irregularidades en los Planes de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá, las autoridades no habían realizado ninguna actuación? Apenas esta semana, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) empezó a dar muestra de la magnitud del problema, mientras los demás entes de control a donde llegaron las denuncias no han mostrado interés. ¿Cómo garantizar que los carteles no se sigan aprovechando de los contratos estatales?

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, anunció el pliego de cargos contra diez contratistas, 18 personas naturales y una asociación de empresarios que, presuntamente, le han hecho trampa al Distrito en los procesos de adjudicación de los PAE.

Según Robledo, las personas involucradas “se repartían entre ellos las distintas zonas de Bogotá, respecto a la contratación del Programa de Refrigerios Escolares, cuyos beneficiarios son más de 780.000 niños en edad escolar, matriculados en el sistema educativo oficial de la Capital de la República”. Dentro de los contratistas denunciados se encuentra la Asociación Colombiana de Empresas de Proveedores de Alimentos (Asoproval), que se habría unido con otros empresarios para pactar precios y eliminar a la competencia.

Varios chats entre los contratistas investigados, publicados por El Tiempo, demuestran que entre ellos había concertación para eliminar todo tipo de competencia, lo que significaba que obtenían siempre los contratos las mismas personas, con precios que van en detrimento de los intereses de la ciudad.

Además, hay indicios para creer que los contratistas tenían influencia sobre concejales y congresistas, lo que incluso los llevaba a poder agregar párrafos enteros hechos a su medida dentro de los pliegos de licitación. Esto es inaceptable.

La pregunta necesaria es ¿por qué, si desde hace tiempo hay denuncias de esta situación, tardaron tanto en entrar a investigar los entes de control?

En entrevista con RCN Radio, Óscar Sánchez, secretario de Educación durante la administración de Gustavo Petro, dijo que todavía se siguen adjudicando contratos a los cuestionados “a pesar de que hay siete años de funcionarios honrados dando información a los organismos de investigaciones... La ley nos obliga a firmar a quien ganó la licitación”.

El impulso de las investigaciones de la SIC debería servir para que se modifiquen los procesos de adjudicación de este tipo de contratos. El problema no es solo en Bogotá; ya hemos discutido en varias ocasiones casos como el de Santander, donde los cobros al PAE son insostenibles, injustificados e indignantes.

La lucha contra la corrupción pasa por desarmar este tipo de asociaciones ilícitas, que ven los contratos estatales como una oportunidad de sacar réditos, pero también por respaldar a los funcionarios que se atrevan a denunciar estas redes todopoderosas e intimidantes. Y también, claro, pedirles cuentas a los que engavetan las denuncias. No pueden pasar tantos años de contratos adjudicados cuando habían sospechas suficientes. Insistimos: ¿cómo pudo ocurrir algo así?

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