Prevenir las tragedias

No podemos esperar a que sucedan las tragedias para que las autoridades ejerzan un control efectivo sobre las empresas prestadoras de servicios turísticos. / Foto: Luis Benavides - El Espectador

Varias tragedias enlutaron al país el pasado puente festivo. El viernes, una explosión acabó con la vida de 13 mineros en Cucunubá, Cundinamarca. 48 horas después, una embarcación con más de 160 turistas a bordo naufragó en el embalse de Guatapé, en Antioquia, y dejó un balance de nueve muertos. Como si no fuera suficiente, una segunda explosión en otra mina, a 12 kilómetros de Cucunubá, dejó otros dos muertos el sábado. Tras la conmoción inicial, es inevitable buscar explicaciones y preguntarse cómo podemos evitar que se repitan hechos tan dolorosos.

El caso de Guatapé es especialmente dramático por la magnitud que pudo haber alcanzado la tragedia de no ser por la pronta reacción y solidaridad de quienes se encontraban en los alrededores del embalse y acudieron a auxiliar a los pasajeros, dada la gran cantidad de personas que iban a bordo: familias enteras que disfrutaban del puente festivo en uno de los lugares turísticos más populares del país.

En los días posteriores han pululado diferentes hipótesis sobre las posibles causas del naufragio. Algunas de ellas incluso ya han sido desmentidas por las autoridades, como la que se refería al sobrecupo de la embarcación. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas merecen respuestas, y sólo las investigaciones oficiales, que ya están en marcha, dirán cuáles fueron las verdaderas razones del hundimiento y quiénes deben responder por él.

Sin embargo, han ido saliendo a flote hallazgos preocupantes sobre inconsistencias en los registros de operación y omisiones en las medidas de seguridad mínimas que este tipo de embarcaciones deben cumplir, como el uso obligatorio de chalecos salvavidas de todos los pasajeros. La Fiscalía, la Procuraduría y la Superintendencia de Puertos y Transporte ya adelantan indagaciones preliminares para establecer si la tripulación no ofreció las condiciones de seguridad exigidas por la ley. La Superintendencia también ordenó suspender inmediatamente la operación de la empresa encargada de la embarcación, HJ Vallejo-Asobarcos, como una “medida preventiva” que, lamentablemente, llega demasiado tarde.

La negligencia administrativa para controlar el sector turístico contrasta con la oportuna respuesta de los equipos de rescate y las unidades de atención de desastres. No podemos esperar a que sucedan las tragedias para que las autoridades ejerzan un control efectivo sobre las empresas prestadoras de servicios turísticos. Los Ministerios de Industria y Comercio y de Transporte, la Superintendencia y las administraciones locales no sólo están obligadas a controlar los daños, sino también a prevenirlos.

Pero tampoco es suficiente con que las autoridades hagan su trabajo; la tragedia también debe generar un cambio en quienes ofrecen este tipo de servicios turísticos, especialmente los dedicados al transporte de personas, para que asuman sus responsabilidades y cumplan con todos los requisitos legales y de seguridad elementales, pues, como se confirmó en Guatapé de la peor forma, de ello dependen la integridad y la vida de las personas. La informalidad no puede ser la norma cuando hay vidas en juego.

Si se confirma que hubo omisiones de parte tanto de los organismos de control como de la empresa operadora del barco, el caso de Guatapé se sumará a una penosa lista de tragedias previsibles, como el derrumbe del edificio Space en Medellín o la avalancha anunciada de Mocoa. Es inadmisible que se sigan perdiendo vidas inocentes por hechos que pudieron haberse evitado. No podemos seguir permitiendo que este tipo de catástrofes nos golpeen por sorpresa. Debemos preguntarnos qué es lo que no estamos haciendo y dejar de reaccionar cuando el daño ya está hecho.

 

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