De 2.713 que fueron amparados por una familia en 2011, pasaron a ser 1.465 en 2012. No es una buena noticia. No se trata de que cada vez sean menos los niños necesitados de una familia. Se trata de un problema de índole burocrática que se le vino encima al ICBF.
La revista Semana hizo un informe sobre las razones por las cuales las adopciones se habían reducido. Aparentemente se trata, por un lado, de una sentencia de la Corte Constitucional sobre un caso particular, que se ha extendido a todos los demás por una interpretación interna del ICBF y, por el otro, de una decisión tomada por la Procuraduría delegada para la Infancia y la Adolescencia, que hizo que las adopciones se paralizaran por unos meses.
No se trata esto de un memorial de agravios, buscando culpables, ni mucho menos. Tanto en uno como en otro caso, las decisiones son entendibles. Razones sobran para pedir más controles. Lo que demuestra esto, por el contrario, es que hace falta echarle un vistazo a la política de adopción que tiene Colombia: ya va siendo hora de oxigenar la legislación sobre el tema y que, en un escenario normal, dos decisiones de distintas entidades no pongan a tambalear el sistema, reduciendo catastróficamente la cifra a la mitad.
El fallo de la Corte dice que antes de dar en adopción a un menor de edad hay que ubicar a su familia biológica. El caso particular era de una niña de nueve años que había sido dejada por su mamá en cuidado de sus abuelos. Cuando murió su abuela fue acogida por sus tías abuelas, quienes la maltrataban. Una de ellas la entregó al ICBF y la dio en adopción sin consultar a sus bisabuelos. La entidad, ante el fallo, sentó el precedente de que debía buscarse a la familia hasta el sexto grado de consanguinidad, que es bastante amplio y que, por lo pronto, está indefinido legalmente.
La Procuraduría, por su parte, abrió investigación contra algunos funcionarios de esa entidad, por una supuesta negligencia. Cosa que hizo, por supuesto, que se trabaran algunas adopciones y que en el ICBF rondara el pánico entre los funcionarios.
Nada hay de malo en querer mejorar las condiciones de los menores que están en proceso de adopción. Pero, a punta de estas pequeñas fisuras que se abrieron, lo que se nota en la consecuencia real es que la modalidad en que se está haciendo todo el proceso no es sólida: bien porque le faltan lineamientos o bien porque no se toman las medidas más eficaces para que todo funcione de una mejor manera.
Lo cierto es que, mientras estas cosas pasan, los días de los menores siguen pasando cuenta de cobro: harto es sabido que entre más grandes son los niños, menores son sus posibilidades de ser adoptados. Así que hay que actuar. La muerte de la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez sirvió a este espacio para reflexionar acerca de lo poco que este tema cala en los políticos: se necesitan (decíamos) más personas que asuman esta causa, con diversas visiones, con propuestas de distinta clase. Son los menores, en últimas, los que tienen en el papel el privilegio de contar por encima de todos los demás.
A pesar de que ese par de decisiones coincidan con el declive de adopciones, la tendencia a la baja viene de un tiempo atrás, por lo menos desde al año 2007. Todo este problema tiene que ver con enredos burocráticos y falta de solidez en los procesos: se necesitan nuevas estrategias, redefinición de las trabas, defensores de familia que tengan mucha más preparación. 8.000 son los menores en estado de “difícil adopción”. Algo hay que hacer al respecto.