Protección a los trabajadores sexuales

Lo más importante de la sentencia es que le pide al Ministerio del Trabajo proponer una regulación seria que proteja los derechos de los trabajadores sexuales.

La Corte Constitucional expidió una sentencia de tutela mediante la cual deja en evidencia dos situaciones que el país, y las instituciones del Estado, parecen haber decidido ignorar: que las trabajadoras sexuales se encuentran en un limbo jurídico y que esto se presta para que sufran abusos por parte de las mismas autoridades, que actúan motivadas por prejuicios.

La sentencia T-594 de 2016 es producto de una acción de tutela instaurada por dos trabajadoras sexuales que, en enero de este año, fueron maltratadas física y verbalmente por policías de Bogotá, quienes además las llevaron a la UPJ por un supuesto grado de exaltación.

En la decisión, la Corte Constitucional recordó que las trabajadoras sexuales “conforman un grupo discriminado y marginado por su actividad respecto a los cuales el Estado tiene un deber de especial protección bajo los mandatos constitucionales de la igualdad material”, y encontró que es habitual que las autoridades, en particular miembros de la Policía, abusen de su posición de poder cuando se trata de reprimir la actividad laboral de estas personas.

Por eso, la Corte falló en favor de las trabajadoras, dejando claro que la Policía deberá abstenerse “de utilizar la política de recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación de las accionantes”, exhortando al Ministerio del Trabajo para que “elabore una propuesta de regulación sobre el trabajo sexual (...) que priorice la adopción de medidas que protejan a esta población en el campo laboral”, y ordenando a la Alcaldía de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo que impartan capacitaciones a la Policía Metropolitana de Bogotá “acerca del trato digno de los trabajadores sexuales y la prohibición del maltrato verbal y físico”.

Todas son medidas necesarias y, agregamos, urgentes. ONG como Parces y Colombia Diversa, así como colectivos de trabajadoras sexuales, vienen denunciando que la Policía utiliza el vacío legal sobre ese oficio para estigmatizarlas, agredirlas y negarles sus derechos. La misma Corte lo evidenció al estudiar las respuestas a la tutela que dieron la Policía y la Alcaldía. Ambas equipararon el problema a un asunto relacionado con la seguridad del espacio público, perpetuando la idea de que se trata de una población que debe ser controlada y retirada de esos lugares. Eso es atentar de manera directa contra sus mecanismos de supervivencia, así como no entender la delicadeza de la situación.

Por eso, tal vez lo más importante de la sentencia es que le pide al Ministerio del Trabajo proponer una regulación seria que proteja los derechos de los trabajadores sexuales. Como en cualquier situación laboral, la claridad sobre los derechos y deberes se convierte en una herramienta indispensable en contra de los abusos de poder. Además, la reglamentación puede ser muy útil para evitar extralimitaciones por parte de los policías.

El cambio en este tema no vendrá fácil. Todas las relaciones del Estado con los trabajadores sexuales están llenas de prejuicios dañinos. Pero celebramos que la Corte les dé un empujón a las instituciones para que dejen de ignorar el problema y empiecen a modificar sus actitudes para proteger de verdad los derechos de esta población.

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