Proteger los cerros orientales

El objetivo de todos los involucrados debe ser la protección de los cerros orientales. / Foto: iStock

Las tensiones que se presentaron la semana pasada respecto a los cerros orientales son una excelente señal de que la protección de esta reserva forestal sigue siendo un compromiso de la ciudadanía y las autoridades. La discordia puntual que se presentó, no obstante, no nos parece trascendente. Todos los involucrados parecen tener claro que la solución, para evitar pérdidas ambientales y detener las construcciones ilegales, es seguir adelante en la creación de una franja de contención que garantice la protección de las áreas de reserva y permita, al mismo tiempo, que los bogotanos se acerquen más a los cerros.

El debate puntual empezó cuando el Distrito elevó una consulta al Tribunal de Cundinamarca para conocer si es posible cambiar la clasificación del suelo de la franja de adecuación de la reserva de los cerros orientales de rural a urbano.

Para varios ambientalistas, congresistas y ciudadanos, esta sugerencia podría permitir la construcción de nuevos proyectos urbanos en el área protegida, venciendo el propósito de la franja. Al respecto, María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat durante la administración de Gustavo Petro, dijo que “la administración lo hace porque, al ser suelo rural, los curadores no han podido autorizar licencias. Son 500 hectáreas valiosas para mitigar los daños que ocasionamos al medioambiente”.

Lo anterior, de cumplirse, sería, en efecto, un retroceso en todo lo que se ha avanzado en cuanto a la protección de los cerros orientales. Después de múltiples pugnas jurídicas, el Consejo de Estado en el 2015 ordenó la creación de una “franja de adecuación” entre la Reserva Forestal Nacional Cerros Orientales y el suelo urbano de Bogotá.

Al respecto, en su momento dijimos en este espacio que la franja era una figura innovadora para resolver un problema de marras, caracterizado por una “patria boba” institucional, pues se trata, ante todo, de un espacio para un pacto de borde entre quienes la habitan, los propietarios y todos los habitantes de Bogotá. Sin caer en inútiles extremismos políticos, el Consejo de Estado encontró una solución que involucra todos los intereses en pugna. En aquel entonces planteamos una pregunta que aún hoy mantenemos: ¿por qué no de una vez revivir la propuesta de un corredor ecológico y recreativo?

Lo esperanzador, no obstante, es que el Distrito parece estar en esa misma línea. Ante las críticas de Maldonado y los demás activistas, Andrés Ortiz, secretario de Planeación, dijo que el cambio de la clasificación del suelo se debe a que “cuando es rural, el suelo es jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional (CAR). Cuando es urbano, pasa a la Secretaría de Ambiente. En el área urbana hay muchas áreas de este tipo, como los humedales, ríos y parques”. Ortiz fue contundente en decir que la sentencia del Consejo de Estado no diferencia entre rural y urbano, que no se construirá nada que rompa el objetivo de la decisión y que “la idea es que la franja sea un espacio de recreación. Queremos que los ciudadanos la disfruten y la recorran”.

Así debe ser. La atención que recibió el tema la semana pasada debería ser un incentivo para que el Distrito avance en la propuesta de crear 19 parques para los bogotanos con senderos peatonales. La protección de los cerros no debe tener más demoras.

 

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