El propio presidente Barack Obama habló con firmeza al respecto. La sociedad está dolida e indignada. Pero no todo está dado, pues los intereses económicos y el apoyo político de los fabricantes y vendedores de armas son demasiado poderosos.
El tema no es nuevo y, de no actuarse con firmeza, tampoco será la última vez que suceda. Como lo recordó el propio Obama, en su sentidas palabras en la pequeña población de Newtown, ya es la cuarta vez que asiste en su mandato a una ceremonia para rendir tributo a víctimas inocentes y acompañar a familias doloridas. La gran diferencia en este caso es que la inmensa mayoría de los fallecidos eran menores de edad entre los seis y los siete años. “No podemos tolerar más esto. Estas tragedias deben terminar. Y para que terminen tenemos que cambiar”, dijo Obama con tristeza en la voz y rabia en su rostro. La pregunta es cómo.
En lo inmediato se sabe que en el gobierno estadounidense se están evaluando medidas y que algunos congresistas demócratas, en especial la senadora Dianne Feinstein, han pedido que de nuevo se prohíba la venta de fusiles de asalto. Gracias a una ley que en 1994 promovió la senadora, por diez años se retiraron de circulación estos artefactos de muerte. Su actualización sería una primera medida urgente y necesaria, pero no la única.
Y ahí radica el principal problema. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) es una de las instituciones que mueven más dinero en materia de cabildeo en Estados Unidos, con cerca de cuatro millones de afiliados y jugosos aportes de los fabricantes y vendedores. Y no sólo en el bando republicano, sino también en el demócrata, pues el derecho a adquirir y portar armas está protegido por enmienda constitucional. Además, por más que se apliquen ciertas medidas a nivel nacional, las mismas no tienen necesariamente aplicación estatal, pues prevalece la legislación interna. No es fácil de entender, pero así opera la ley en ese país.
El argumento de los miembros de la NRA, los cuales brillan por su ausencia en estos días, suele ser el mismo: no son las armas las causantes de las muertes, sino quienes las usan. La otra es que lo que hay que hacer es promover la detección temprana de personas con enfermedades mentales. Estas pueriles excusas siguen causando miles de muertes no sólo en dicho país, sino en muchos otros, pues al permitirse su venta sin mayores requisitos, las mismas cruzan las fronteras con facilidad y alimentan la criminalidad y la violencia de México hacia abajo. Ese es el tamaño de la tragedia que se vive.
“Se nos dirá que las causas de esta violencia son complejas y eso es cierto (…) Pero eso no puede ser una excusa para la inacción. Seguro que podemos hacer algo mejor que esto”, dijo Obama. Y ahí está el nudo gordiano que se debe romper, en un país donde según las estadísticas cada ciudadano posee un arma. No se trata solamente de adoptar nuevas leyes para su adquisición o uso como en este caso, en que las mismas fueron compradas de manera legal. También habrá qué evaluar otras variables para entender por qué hay quienes se sienten animados a perpetrar actos de barbarie como los 12 fallecidos en la escuela de Columbine, las 33 personas asesinadas en Virginia Tech o los inocentes de la escuela Sandy Hook en Newtown.
No le va a ser fácil actuar al presidente Obama. Pero debe apoyarse en el hecho de que algo debe estar enfermo en una sociedad para que jóvenes blancos, educados y de clase media o alta lleguen a este nivel de degradación y horror. Es un punto de no retorno. Su país y el mundo en general se lo sabremos agradecer.