¿Qué hacemos con las extorsiones?

Según informes de inteligencia militar, detrás de estos hechos estaría una disidencia de las Farc que subcontrata a la delincuencia común para realizar extorsiones. / Foto: Bomberos de Cundinamarca

Este año ya van cuatro buses quemados en Cundinamarca por cuenta de manos criminales, una alerta sobre los peligrosos acercamientos que se vienen dando entre grupos guerrilleros y bandas criminales para aterrorizar a la población.

El caso más reciente es el de un bus quemado este miércoles en el sector del Alto de las Rosas, en la vía que comunica a Bogotá con Fusagasugá. En medio de la carretera, hombres armados hicieron descender a los ocupantes del vehículo antes de proceder a prenderle fuego. Hace poco menos de una semana, delincuentes ingresaron a un parqueadero en el municipio de Soacha, amenazaron al guardia, rociaron gasolina a uno de los buses que se encontraban estacionados y lo quemaron.

Cootransfusa, una de las empresas afectadas, denunció que venía recibiendo mensajes extorsivos y amenazas tras las quemas de otros dos buses en mayo y junio, ocurridas en el municipio de Sibaté y cerca a la cárcel La Picota, en Bogotá. Nos solidarizamos con esta difícil situación.

Las investigaciones de las autoridades para dar con los responsables apuntan a un fenómeno preocupante. Según informes de inteligencia militar, detrás de estos hechos estaría el frente décimo Martín Villa de la disidencia de las Farc, que opera en el departamento de Arauca, pero estaría subcontratando a la delincuencia común para realizar extorsiones y cobrar vacunas en el interior del país.

En diálogo con Blu Radio, el general Marcos Pinto, comandante de la Brigada 13 del Ejército, explicó que a los autores materiales de estos hechos “los están contratando disidencias de Farc, el modus operandi es dejar un panfleto escrito a mano (…) Este grupo residual tiene foco en Arauca, pero los principales cabecillas están en Venezuela”.

Este tipo de intimidaciones no son nuevas y llevan años causando estragos entre la población civil y los empresarios del país. Como lo evidencian las cifras de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, desde el 2006 las denuncias por extorsión han aumentado de manera exponencial, y entre 2010 y 2017 se reportaron más de 45.000 casos. Pero a una situación ya de por sí alarmante se suma ahora la asociación entre estructuras de la delincuencia común y grupos armados ilegales. Según un informe de 2017 de la Defensoría del Pueblo, “los grupos posdesmovilización cada vez más se posicionan como los autores o perpetradores” de estos delitos para financiarse.

La autoridades, entonces, deben redoblar esfuerzos para perseguir a estos criminales sin contemplaciones. Además, la ciudadanía juega un papel fundamental contra este tipo de delitos. El llamado a los empresarios y a la población es a que no cedan ante las intimidaciones y denuncien, pues la extorsión es uno de los delitos con mayores subregistros.

No podemos dejarnos amedrentar por los criminales ni permitir que el país vuelva a caer en una espiral de miedo y violencia, sobre todo ahora que atravesamos un delicado período de transición con la implementación del Acuerdo de Paz. Es crucial evitar a toda costa el recrudecimiento de diversas manifestaciones violentas que amenazan, no solo aquellas zonas históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, sino que también están extendiendo sus tentáculos al resto del país.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.