Reforma pensional, en el tiempo justo y de verdad

Colombia necesita reforma pensional. Se ha dicho en diversas ocasiones, pero la falta de voluntad política, ligada a la irresponsabilidad de los partidos en el Congreso y a la fuerte presión que ejercen ciertos grupos interesados en que no se altere el statu quo, ha hecho imposible adelantar un tema que de por sí es complejo. Sin embargo, no se le pueden dar más largas al asunto. 

Uno de los principales legados que podría dejar la administración del presidente Iván Duque sería la aprobación de una reforma pensional que sea estructural y garantice la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Tanto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como la ministra de Trabajo, Alicia Arango, han reiterado que ese es el objetivo. Es momento de cumplirlo.

Hace poco, la ministra Arango dijo que “es necesario que quienes saben del tema y lo han estudiado se sienten en la mesa para lograr una reforma, pero que sea estructural de verdad”. Por eso, anunció que el Gobierno planea estar presentando el proyecto de reforma en el Congreso en marzo del 2020. 

Ese tiempo puede ser muy útil siempre y cuando el Gobierno se asegure de construir el necesario capital político para aprobar una reforma que, sin duda, levantará ampollas. Si para marzo del año entrante se llega no solo con un proyecto reformista ambicioso, sino también con suficiente fuerza parlamentaria para aprobarlo, el Gobierno habrá cumplido sus promesas.

Al respecto, Santiago Montenegro, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), dijo en La FM que apoya la idea de sentarse a crear consensos. En su opinión, “si comenzamos esto cuanto antes, pues de pronto sí puede haber un proyecto de reforma este mismo año”.

Independientemente del momento preciso en que se presente la reforma, lo que está claro es que no se pueden cometer errores. Si este intento de reforma fracasa, el problema seguirá empeorando. Este año, por ejemplo, la carga pensional será de $57,2 billones para cubrir a poco más de dos millones de pensionados. 

El sistema pensional no solo es insostenible, sino que es una muestra de injusta desigualdad. Pese a que como sociedad pactamos la creación de una red de emergencia social para que nadie tenga que pasar aprietos en su vejez, la realidad es que son muy pocos los colombianos de la tercera edad que se pensionan. La promesa de una vejez digna para todos los trabajadores no se está cumpliendo. 

La disputa que se avecina no será fácil. La existencia de megapensiones y de muchos derechos adquiridos han creado grupos de presión muy efectivos. Las intenciones pasadas de reforma se han frustrado precisamente por la terca oposición de estos pensionados y sus contactos en el Congreso. Sin embargo, las finanzas del país entero no pueden estar supeditadas a la inoperancia del Legislativo. 

Todos los involucrados en esta discusión deben partir de una realidad inevitable: la reforma no es opcional.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Colombia necesita reforma pensional. Se ha dicho en diversas ocasiones, pero la falta de voluntad política, ligada a la irresponsabilidad de los partidos en el Congreso y a la fuerte presión que ejercen ciertos grupos interesados en que no se altere el statu quo, ha hecho imposible adelantar un tema que de por sí es complejo. Sin embargo, no se le pueden dar más largas al asunto. 

Uno de los principales legados que podría dejar la administración del presidente Iván Duque sería la aprobación de una reforma pensional que sea estructural y garantice la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Tanto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como la ministra de Trabajo, Alicia Arango, han reiterado que ese es el objetivo. Es momento de cumplirlo.

Hace poco, la ministra Arango dijo que “es necesario que quienes saben del tema y lo han estudiado se sienten en la mesa para lograr una reforma, pero que sea estructural de verdad”. Por eso, anunció que el Gobierno planea estar presentando el proyecto de reforma en el Congreso en marzo del 2020. 

Ese tiempo puede ser muy útil siempre y cuando el Gobierno se asegure de construir el necesario capital político para aprobar una reforma que, sin duda, levantará ampollas. Si para marzo del año entrante se llega no solo con un proyecto reformista ambicioso, sino también con suficiente fuerza parlamentaria para aprobarlo, el Gobierno habrá cumplido sus promesas.

Al respecto, Santiago Montenegro, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), dijo en La FM que apoya la idea de sentarse a crear consensos. En su opinión, “si comenzamos esto cuanto antes, pues de pronto sí puede haber un proyecto de reforma este mismo año”.

Independientemente del momento preciso en que se presente la reforma, lo que está claro es que no se pueden cometer errores. Si este intento de reforma fracasa, el problema seguirá empeorando. Este año, por ejemplo, la carga pensional será de $57,2 billones para cubrir a poco más de dos millones de pensionados. 

El sistema pensional no solo es insostenible, sino que es una muestra de injusta desigualdad. Pese a que como sociedad pactamos la creación de una red de emergencia social para que nadie tenga que pasar aprietos en su vejez, la realidad es que son muy pocos los colombianos de la tercera edad que se pensionan. La promesa de una vejez digna para todos los trabajadores no se está cumpliendo. 

La disputa que se avecina no será fácil. La existencia de megapensiones y de muchos derechos adquiridos han creado grupos de presión muy efectivos. Las intenciones pasadas de reforma se han frustrado precisamente por la terca oposición de estos pensionados y sus contactos en el Congreso. Sin embargo, las finanzas del país entero no pueden estar supeditadas a la inoperancia del Legislativo. 

Todos los involucrados en esta discusión deben partir de una realidad inevitable: la reforma no es opcional.

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