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Crear una nueva Constitución no se debería sentir como una amenaza. Sin embargo, esa es la única interpretación posible de los llamados a favor de una constituyente que se desataron a propósito de la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Los pactos sociales no se pueden construir en medio de la polarización, la desinformación y la estigmatización de quienes están en orillas ideológicas diferentes, pero eso es precisamente lo que varios miembros del Centro Democrático han pretendido hacer estos días.
Por fortuna, el presidente de la República le bajó la fuerza a la idea de convocar una asamblea constituyente y propuso mejor apoyar una reforma a la justicia, medida más razonable, sin duda, pero que no obstante tiene ahora el peso de desviar su trámite para responder a una decisión particular. El Estado de derecho no se puede desarmar al capricho de quienes no están de acuerdo con el actuar de la Corte Suprema de Justicia en un caso particular.
Son evidentes las intenciones. Tan pronto la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos, el uribismo revivió su idea de una constituyente. En un video, la senadora Paloma Valencia dijo que “Colombia no puede seguir con una justicia politizada cuyos ojos están abiertos a ver a quién le aplican la ley” y, por eso, “se necesita una constituyente para crear una corte única que permita unificación, claridad y anule el sentimiento de trampa... Una sola corte con magistrados íntegros, donde no haya ninguna puerta giratoria con la política y que renuncien a cualquier vínculo electoral”.
Desarmar la Rama Judicial por una decisión contraria a una corriente política es una táctica propia de los regímenes autoritarios. Crear una carta política, que además entre a reemplazar los éxitos de la Constitución de 1991, no puede ser un acto de venganza.
Lo propio dijeron en RCN Radio varias expertas. Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, sostuvo que “las mejores constituciones se hacen cuando las mayorías y las minorías se ponen de acuerdo en aspectos básicos. En estos momentos estamos, por el contrario, en una altísima polarización”. María Eugenia Bonilla, decana de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, comentó que “lo que hay que hacer es salvaguardar la institucionalidad existente, que surgió de un proceso de diálogo social amplio”. Estamos de acuerdo.
El presidente Duque, quien también expresó un indebido descontento con la Corte luego de su decisión, dijo que la “reforma a la justicia es necesaria [y] hay un gran consenso”. También agregó que “no es un tema de coyuntura, es un tema estructural”. En el pasado hemos estado de acuerdo con la necesidad de una reforma a la justicia, que garantice más acceso, menos colapso de los juzgados y refuerce las instituciones. Es claro que hay muchas cosas que no funcionan bien en nuestra justicia y en sus representantes, pero si la reforma que se presente al Congreso da señales de querer desarmar la Rama Judicial por la coyuntura, estaremos frente a otro error en un país que necesita estabilidad.
Los líderes políticos tienen la responsabilidad de no dejarse llevar por el calor de los ánimos. Eso implica no atizar el fuego ni impulsar agendas destructoras en plena pandemia y cuando hay tanta división entre los colombianos. No perdamos el tiempo en choques de trenes que solo causan daño.
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