¿Réquiem por la reforma a la justicia?

Ojalá los funcionarios judiciales entiendan que ahora la pelota está en su cancha para que propongan ideas de reformas concretas, y pronto.

La Corte Constitucional tumbó otro de los puntos claves de la reforma a la justicia, y el país queda en vilo para saber cómo solucionar los problemas de la rama.

La reforma del equilibrio de poderes, impulsada por el Gobierno y sus fuerzas políticas afines como la manera de empezar a solucionar varios problemas serios de la administración de justicia en el país, tenía dos medidas que se veían como esenciales: la eliminación de la polémica Sala Administrativa de la Judicatura y la creación de una comisión de aforados. Sin embargo, la Corte Constitucional echó para atrás la primera medida y parece que hará lo propio con la segunda. ¿En qué queda entonces la necesaria reforma?

Lo dijimos hace apenas un mes cuando el alto tribunal anunció su decisión de revivir la Sala Administrativa de la Judicatura: las decisiones de los jueces deben respetarse, pero eso no puede ser excusa para que se pierda la voluntad política de reformar de manera eficiente la administración de la justicia en el país.

En aquel entonces la medida que echó para atrás la Corte Constitucional lo que pretendía era darle más transparencia a uno de los aspectos de la justicia que más escándalos y desconfianza han causado en el país. La vital función de asignar los recursos necesita tener mecanismos que garanticen que éstos no se desperdicien en burocracias inconducentes ni, mucho menos, se pierdan.

Ahora, según lo supo El Espectador, hay una ponencia en la Corte que parece tener el respaldo suficiente para ser adoptada, que propone que la comisión de aforados, que entraba a reemplazar a la Comisión de Acusación del Congreso, sea declarada inexequible por significar una sustitución de la Constitución. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la Sala Administrativa.

Más allá de entrar a discutir sobre los méritos de fondo que tendría esa decisión —y aquí, de nuevo, insistimos: la división de poderes nos lleva a respetar las competencias y, por ende, lo que falle el alto tribunal—, es importante recordar que la necesidad de modificar la forma en que se juzga a los funcionarios con fuero es imperiosa.

En su momento, el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó en El Espectador la necesidad de una comisión de aforados: primero, porque a los parlamentarios que suelen conformar la Comisión de Acusación del Congreso no se les exige tener ningún conocimiento en derecho penal; segundo, porque los integrantes de la Comisión son “susceptibles de ser investigados en la Corte Suprema de Justicia por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o por la Fiscalía cuando se tratara de hechos ajenos a sus cargos”, y como ellos eran los encargados de investigar a los magistrados de la Corte y al fiscal, entonces hay un cruce de intereses que genera estancamiento.

Pero más allá de esos motivos, la principal razón de peso es que en todos los años de existencia la Comisión de Acusación ha construido una reputación de inoperancia motivada por consideraciones políticas que fomentan el imaginario de que a los más poderosos no hay quien los toque, hagan lo que hagan.

Por eso, no deja de ser frustrante la posibilidad de que este cambio, bien recibido en la opinión, se eche para atrás. Durante las discusiones del proyecto de equilibrio de poderes, los miembros de la Rama Judicial repetían un mensaje sencillo: “Reforma sí, pero no así”. Bueno, ojalá entiendan que ahora la pelota está en su cancha para que propongan ideas concretas, y pronto, para hacer una reforma que no sustituya la Carta, pero que ayude a solucionar los problemas identificados en la administración de justicia. Que este no sea el réquiem de la reforma.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]

Temas relacionados