Revocatorias libres y responsables

Las discusiones que se plantearon en torno a la figura de la revocatoria de mandato de alcaldes y gobernadores esta semana que termina atraviesan puntos esenciales de cómo entendemos la democracia en el país y, por ende, es necesario darlas. Sin embargo, no deja de ser incómodo que no se hayan llevado a cabo cuando se tramitaba la normatividad relevante en el Congreso y que cada debate esté claramente mediado por intereses políticos individualistas. Pierden las instituciones y la legitimidad de nuestros ejercicios electorales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está preparando una reglamentación para la revisión previa que les hace a las solicitudes de revocatorias de mandato. Según se supo esta semana, un primer borrador le daría al tribunal electoral la posibilidad de tumbar cualquier proceso revocatorio si sus promotores no sustentan de manera apropiada la insatisfacción generalizada de la gente con el mandatario en cuestión o que el funcionario ha incumplido su plan de gobierno. Los impulsores de los más de 70 procesos revocatorios en todo el país cuestionaron este cambio a las reglas del juego.

Según dijo Armando Novoa, magistrado del CNE, en Caracol Radio, “hay que proteger la revocatoria, pero no permitir que se malutilice”. Si bien estamos de acuerdo en que hay una inadecuada utilización de mecanismos que deberían ser para situaciones extremas, nos preocupa que una autoridad estatal se proclame con la potestad de decirles a los ciudadanos cuándo tienen suficientes motivos (o no) para ir a las urnas.

Crear una reglamentación rigurosa, antes que proteger la democracia, genera un filtro innecesario que puede prestarse para arbitrariedades, en el peor de los casos, o desincentivar la participación de las personas, en el mejor; ambos resultados indeseables. Los mecanismos de participación que creó la Constitución deberían operar con la menor intervención estatal posible para que sean genuinamente democráticos. Que sean los ciudadanos, a través de sus firmas y sus votos, quienes decidan si una revocatoria tiene mérito o no, no el CNE.

Dicho eso, estamos de acuerdo en que las revocatorias de mandato se han convertido, de facto, en una segunda vuelta para alcaldías y gobernaciones cuyos ocupantes no obtuvieron más de la mitad de los votos. El lado perdedor se dedica a sabotear y a convocar a las urnas, incluso antes de la posesión de los nuevos mandatarios. La conclusión es que pierden las ciudades y departamentos, pues opera la polarización política.

Es momento de considerar la implementación de la segunda vuelta en alcaldías y gobernaciones. Bogotá es un claro ejemplo histórico y coyuntural pues, ante una población con amplia diversidad ideológica, los burgomaestres (tengan el apellido que tengan) llegan sólo con poco más de una cuarta parte de los votos totales posibles, lo que disminuye su legitimidad política. Esa es una situación que permite que la oposición utilice de manera indiscriminada la amenaza de la revocatoria.

Sería útil para la democracia del país que el CNE expida una reglamentación garantista y no que opere como un salvavidas para los mandatarios impopulares. También, no obstante, le haría un favor a Colombia que los promotores de los procesos revocatorios entiendan que ese mecanismo está pensado para casos extremos de quiebre del orden institucional (Venezuela, paradójicamente, es un buen ejemplo de cuándo la revocatoria sería la única solución democrática, si acaso el Gobierno respetase las reglas de su propia Constitución) o engaños evidentes al electorado, no como estrategia de oposición política para no dejar gobernar a quienes fueron elegidos por voto popular.

Patear la mesa y acusar a los mandatarios de turno de ser una amenaza para la vida de las ciudades da réditos políticos, pero a costa del bienestar de nuestras instituciones, de la misma democracia y de los ciudadanos. Ya es hora de que todos los involucrados aprendan a hacer política con respeto, abandonando los cómodos extremos del espectro político.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].

 

últimas noticias

Hay que tomar las riendas