La salud del presidente

El lunes, en horas de la noche, el presidente Juan Manuel Santos le reveló al país entero sus problemas de salud: un cáncer de próstata, aparentemente producto de un tumor maligno "no agresivo", del que será operado el día de hoy.

Sin ambages salió el presidente, con una actitud muy positiva, haciendo público lo que para algunos debe pertenecer a su fuero interno.

Ya habíamos tenido bastantes enigmas en cuanto a la condición del vicepresidente Angelino Garzón, y la misma dio para un debate completo y oportuno: ¿es el estado de salud parte de la intimidad inexpugnable de los funcionarios públicos? ¿Es un asunto que deba reservarse para su núcleo familiar y primeros allegados? No lo es. Los funcionarios (y esto lo ha dicho la Corte Constitucional en variada jurisprudencia) tienen unos límites mucho más estrictos en cuanto se refiere al derecho a la intimidad. No se mide de la misma forma un asunto privado de un particular que el de una persona que ostenta un cargo, cuando ese asunto íntimo, como la salud en este caso, tiene o puede tener incidencia sobre su función pública. Esto obedece a la naturaleza jurídica que reviste el hecho de asumir una dignidad que deberá ser vigilada por la ciudadanía en su conjunto.

El presidente Santos ha asumido, pues, una actitud a todas luces correcta. Ha sido frentero en cuanto a su enfermedad, diciendo específicamente de qué se trata, dejando que sus médicos salieran a los medios a informar al país sobre su condición y su operación de hoy, poniendo sobre la mesa su historia médica para quien quiera revisarla. Y algo más: su ejemplo de prevención, que le permite llegar con plena tranquilidad al desenlace positivo de la intervención gracias a la detección temprana, es un mensaje de una importancia vital para la salud de todos los colombianos.

El penoso padecimiento del presidente Santos se presenta en tiempos en que una coincidente pandemia cancerígena ataca a los gobernantes de América Latina, lo que trae, como consecuencia, un debate necesario sobre la salud —la enfermedad— de nuestros gobernantes. Ya va siendo hora de que este tema se discuta de forma mucho más abierta: estableciendo reglas, procedimientos, límites de las enfermedades, en fin, una serie de criterios fijos que permitan actuar en consecuencia cuando se presenten situaciones que, aunque molestas, pueden ser previstas con más sensatez.

La coyuntura nos plantea, otra azarosa coincidencia, un panorama nada favorable: Angelino Garzón, vicepresidente de la República, se encuentra aún convaleciente del accidente cerebrovascular del que fue víctima hace algunos meses. ¿Cómo proceder cuando las dos plazas más altas del Ejecutivo están, si no vacías, bajo una sombrilla de incertidumbre por cuenta de dos enfermedades medianamente graves? No se sabe. Esos criterios aún no se han definido bien, pese a que existan reglas amplias que regulan el tema. Por fortuna, para bien de todos, ambos parecen tener un horizonte asegurado. Sin embargo, este no es un asunto que deba dejarse a la suerte, menos cuando tenemos tantas pruebas de que un gobernante puede ser víctima de una enfermedad grave.

No resta más que desear al presidente Santos una pronta recuperación. Es una lástima que cuando ha destapado, por fin, sus cartas más fuertes de ejecución real, le caiga esta enfermedad como por cosas de un amargo destino. Si todo sale bien (y ojalá así sea) el presidente podrá reasumir sus funciones en un tiempo muy breve. Conviene, sin embargo, que a la par de su recuperación se comience a llenar el vacío que existe en caso de que la suerte no les sonriera tanto, a él, a su vicepresidente o a cualquier sucesor de los dos.

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