Salvar el Atrato

LA MINERÍA (LEGAL O ILEGAL) QUE se practica en la cuenca del río Atrato, al parecer está pasando una cuenta de cobro, acaso más costosa que el oro y el platino que de allí se extraen.

Nunca ha sido un misterio que todos estos materiales valiosos que surgen de la tierra se prestan (siempre) para los más ambiciosos proyectos. Desde hace mucho tiempo, por lo menos 20 años, no solamente el Estado ha sido partícipe de toda la extracción: allá han llegado, cómo no, frentes guerrilleros para sacar insumos. La minería artesanal, que probablemente le fue inofensiva al río durante mucho tiempo, fue reemplazada por las retroexcavadoras y las dragas que, a su paso, se fueron llevando el paisaje de afluentes como los ríos Quito, Bebará y Bebaramá, cambiando sus cauces y llenándolos de mercurio.

Porque ese es el precio que se paga cuando la producción de algo tan delicado se hace sin rieles: el agua, ahora, está contaminada de mercurio. El agua es el centro de muchas poblaciones. Es más, hace tiempo las sociedades de este país tenían algún tipo de relación ancestral con ella. El agua ahora está contaminada, ocasionando una cadena de reacciones que se sienten en todo: en los peces que se mueren, en las personas que se enferman. De un paisaje arrasado pasamos a problemas de salud pública o alimentación. Y eso no es poco. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar estas historias que llenan, por escasos días, los titulares de la prensa?

Es un problema, como reza el cliché, que seguramente afectará a las generaciones futuras, no solamente en términos espaciales (la tierra de ayer se desplaza a un pedazo incierto de lo que podrá corresponderle mañana), sino también en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo personal: “Las denuncias sobre malformaciones en recién nacidos son cada vez más comunes”, dice, como si se tratara esto de un problema de hace dos siglos, la abogada Ximena González, de la ONG Tierra Digna.

No se trata en este caso de frenar toda la minería en la zona para dejar que el estado de cosas revierta los daños que se han ocasionado en la naturaleza. Eso parece no ser suficiente a esta altura. Los conocedores de las principales problemáticas que azotan el río Atrato han dicho que es urgente la convocatoria a distintos grupos de investigación que indaguen si es o no posible recuperar la salud del río. Cosa que, por supuesto, debe ampliarse geométricamente a una buena parte de la institucionalidad colombiana.

Por ahora, estamos lejos de que eso ocurra. Primero veremos qué pasa con la demanda que, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, interpuso un grupo inmenso de líderes comunitarios en contra de 26 entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Ambiente, de Minas y de Salud, las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las alcaldías locales, con el fin de que se respeten dos derechos primordiales para el Estado colombiano: la vida y el medio ambiente sano. Cosa que lleva, por supuesto, a que se piense en declarar la moratoria de aquellas actividades que afectan la cuenca del río Atrato como, por ejemplo, la comercialización de madera. Y, por supuesto, que un Estado debe acudir al principio de prevención frente al medio ambiente, que pesa más, y mucho, sobre el de la libertad de comercio. Llegó la hora de pensar en el agua.

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