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La purga de la pederastia dentro de la Iglesia católica en el mundo y en Colombia ha venido acompañada de muchos pasos en falso. Hace apenas unos meses estábamos discutiendo en este espacio los intentos de censura que varios sacerdotes acusados de haber abusado de menores de edad estaban haciendo para silenciar al periodista Juan Pablo Barrientos. Antes de eso, las discusiones en torno al tema estuvieron marcadas por la opacidad en las declaraciones de los jerarcas de la Iglesia, que rechazan los hechos, pero se excusan de múltiples maneras para no tomar decisiones contundentes que envíen mensajes inequívocos contra el flagelo. Esta semana, sin embargo, pasó algo sin precedentes que, tal vez, muestra cómo la presión de la sociedad está funcionando.
Como contó Caracol Radio, el 16 de marzo fueron suspendidos 15 sacerdotes de Villavicencio. Al parecer las personas sancionadas conformaban, junto con otros cuatro sacerdotes, una red de abusadores sexuales que tenía tentáculos en varios departamentos nacionales (Meta y el Guaviare), así como a escala internacional (Italia y Estados Unidos).
En un comunicado, la Arquidiócesis de Villavicencio dijo que “reiteramos que nos duele profundamente esta situación; para nosotros, las víctimas y sus familias siempre serán lo primero. De tiempo atrás hemos emprendido iniciativas de trabajo y formación para la erradicación del terrible mal de los abusos dentro y fuera de nuestra institución”. La decisión tuvo origen en una denuncia hecha por un testigo que está siendo protegido por la Fiscalía. Con la suspensión de los curas, pierden el 15 % del clero disponible en Villavicencio.
Es evidente el cambio de discurso. A lo largo de la historia, la Iglesia católica ha preferido enfrentar los escándalos a puertas cerradas: reubicando a los sacerdotes denunciados, silenciando a las víctimas e invocando a la jurisdicción propia para evitar la justicia ordinaria. Solo hasta hace poco, con los esfuerzos liderados por el papa Francisco, ha empezado a modificarse la actitud. Queda aún mucho camino por recorrer.
En Colombia, la actitud ha sido ambivalente. Cuando los casos producen escándalo, ya sea porque los medios los cubren o porque se llega a una decisión judicial (que suelen ser muy pocas en un delito que vive en la impunidad), se utiliza la estrategia de las “manzanas podridas”. El argumento es que se trató de una persona que abusó de su poder y que la Iglesia no tiene responsabilidad.
Por otro lado, cuando los casos no son conocidos, han operado distintos mecanismos de silenciamiento. La conclusión es la misma: no reconocer el error.
El número de casos en el mundo, sumados a los que se conocen en Colombia, son suficiente insumo para reconocer que hay un problema que no es esporádico. La confianza obtenida por la Iglesia ha servido de resguardo para situaciones trágicas. Ya era hora de que se tomaran sanciones mucho más vehementes. Y que se les creyera a las víctimas.
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