Santurbán, otra vez en juego

La ANLA tiene una enorme responsabilidad en la aprobación de este proyecto y, si lo encuentra viable, asegurar que mitigue todos los impactos negativos que genere.

El páramo de Santurbán vuelve a ser el foco de los conflictos ambientales a los que se enfrenta Colombia a raíz de la explotación minera en los territorios. En una marcha convocada para el día de hoy en Bucaramanga, se espera que miles de personas se manifiesten en contra de un proyecto aurífero en inmediaciones del páramo. El proyecto revive un debate que está lejos de resolverse y pone de relieve que no hemos podido encontrar un modelo que reconcilie conservación y desarrollo económico, ni plantear alternativas serias en aquellos territorios en los que la minería —tanto legal como ilegal— no debería ser una opción.

La polémica por Santurbán data del 2011, cuando las protestas en contra de un proyecto de explotación a cielo abierto dentro del páramo, a unos 50 kilómetros de la capital de Santander, captaron la atención de todo el país. Gracias a una decisión de la Corte Constitucional, se prohibió la minería en los páramos de Colombia y Santurbán fue el primer beneficiario de un programa del Ministerio de Ambiente que también debía establecer los límites de otros 34 páramos del territorio nacional para garantizar su protección. Santurbán se convirtió entonces en un emblema del triunfo del agua sobre el oro.

Sin embargo, la intención de otra multinacional de desarrollar un proyecto de explotación minera en los linderos del páramo ha vuelto a encender las alarmas entre ambientalistas, estudiantes, políticos y organizaciones civiles. Minesa, multinacional de Emiratos Árabes Unidos, ya radicó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el estudio de impacto ambiental y solicitó la licencia para llevar a cabo el proyecto Soto Norte, que pretende extraer nueve millones de onzas de minerales durante 25 años en los municipios de California y Suratá, en Santander. Como explicó Carlos Lozano en una columna de Semana, “aunque Soto Norte no se encuentra dentro del área delimitada (de Santurbán), el debate se centrará en el impacto que puede tener una mina subterránea debajo de esa línea, pues de alguna manera, ese ecosistema no es una superficie sino un sistema, lo que significa que incluye el subsuelo. La pregunta que deberá resolver la ANLA es si la propuesta de Minesa tendrá efectos inaceptables” en el ecosistema.

Una de las mayores preocupaciones es que los grupos opositores han encontrado inconsistencias en el informe de Minesa. Además, como señala Lozano, “el hecho de que el estudio (de impacto) lo realice la empresa y no la propia autoridad ambiental, como ocurre en otros países, implica que la ANLA tendrá que emplearse a fondo para decidir con independencia y rigor en un proyecto muy sensible para Santander y para el país”. No podríamos estar más de acuerdo. La ANLA tiene una enorme responsabilidad en la aprobación de este proyecto y, si lo encuentra viable, asegurar que se mitiguen todos los impactos negativos que genere.

Los partidarios de que se lleve a cabo responsablemente el proyecto de Soto Norte piden que no se politice el debate y que se tome una decisión basada en criterios técnicos y científicos. Aunque coincidimos con lo segundo, no hay nada más político que un proceso en el que una comunidad se manifiesta sobre decisiones que afectan su territorio. Además de los servicios ecosistémicos que presta en la región, Santurbán también provee de agua a cerca de 2,5 millones de habitantes en Bucaramanga y municipios aledaños. No se puede tachar de “ambientalismo extremo” un ejercicio ciudadano que implica cuestionar cómo el modelo económico y el derecho al trabajo de algunos pobladores afectan el derecho al agua del resto.

Esto no significa que los habitantes que han dependido de la minería durante siglos —como los de California y Suratá— queden a la deriva y vean peligrar su sustento. Las autoridades y las comunidades deben combatir la minería ilegal y buscar alternativas sostenibles de desarrollo para estas comunidades tracicionalmente mineras, con todos los impactos ambientales que esa tradición ha acarreado. Tras la oleada de consultas populares en contra de la minería de los últimos meses, se han empezado a considerar propuestas de economías alternativas como el ecoturismo o la agricultura sostenible, que combinen conservación y educación, e incluso el pago por servicios ambientales para compensar las regalías que no recibirían los municipios. Lo que no debe pasar es que caigamos en el mismo debate de agua vs. minería, ambientalistas vs. desarrollistas, sin buscar soluciones factibles que aseguren el bienestar de todos.

 

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