No sólo el presidente Nicolás Maduro derogó el cuestionado decreto 1787, que unilateralmente pretendía definir límites marítimos con Colombia, sino que anunció la reactivación de la Comisión Negociadora de Alto Nivel (Coneg), que se encontraba inactiva desde 2007.
Son noticias positivas en medio de las dificultades propias que surgen entre dos países que comparten una extensa frontera común, en especial si de por medio hay áreas marinas por delimitar. Que Venezuela tiene un problema territorial con Guyana por el Esequibo es algo sabido. Que sus realidades internas son un polvorín es evidente. Sin embargo, que dentro de su diferendo con Guyana termine metiendo el nuestro en el mismo paquete es un juego peligroso e inaceptable. Juego, dicho sea de paso, que de no tener un manejo adecuado puede terminar de mala manera.
Hemos dicho aquí que cualquier acto unilateral, como la creación por decreto de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain) y la fijación de coordenadas en territorios por delimitar, carece de valor jurídico a la luz del derecho internacional. De ahí que la decisión de la canciller Holguín de enviar una nota de protesta rechazando dicho acto y exigiendo la derogación de las coordenadas que se fijaban en el mismo, fuera la correcta. Y la enmienda venezolana, el epílogo deseado.
A comienzos de los noventa, precisamente para solventar los problemas bilaterales debidos a la no delimitación, se decidió “desgolfizar” la relación y potenciar los demás temas de interés, como la integración, el intercambio comercial y la inseguridad fronteriza, por citar algunos. Así nació la Coneg, conformada por representantes del más alto nivel, y bajo perfil, para llegar a una propuesta de acuerdo aceptable para ambas partes. Sin embargo, a partir de 2007 el gobierno del presidente Hugo Chávez metió la Coneg en el congelador. El reciente desafuero jurídico es una consecuencia directa de la falta de diálogo bilateral frente al tema. Lo que sigue debería ser la fijación de una fecha pronta para la reactivación del mecanismo, que con gran tino ha manejado Pedro Gómez por Colombia, y permitir que los altos negociadores puedan continuar y concluir su delicada labor.
Unos días atrás, mientras al otro lado de la frontera tirios y troyanos cerraban filas en torno a su gobierno por tratarse de un tema de Estado, de este lado reaparecieron quienes privilegian la confrontación. Todo, por supuesto, bajo la óptica de las discrepancias políticas o las malquerencias personales. Mal asunto. Es lamentable que algunos analistas y comentaristas, más interesados en dar cabida a sus antipatías personales que a la valoración objetiva de los hechos, no sólo no perciban el vaso medio lleno o medio vacío sino que ya ni siquiera puedan ver el vaso. Partir de la base de que los gestos correctivos del vecino son producto de la mala fe no lleva a nada distinto que a perpetuar la desconfianza mutua y escalar innecesariamente los conflictos. Ese fue el ambiente que se vivió durante buena parte del anterior gobierno y se sabe cómo terminaron las cosas.
No se trata aquí de extender un cheque en blanco al Gobierno en todas sus actuaciones en materia de política exterior, ni en ningún otro campo. Pero tampoco de desconocer una gestión exitosa luego de una evaluación ponderada de los hechos y de los contactos directos entre cancillerías, para atender asuntos complejos como el de la soberanía. Es conveniente lograr también consensos internos frente a este tipo de propósitos nacionales.
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