Se inicia un debate

Por estos días se discute —no sólo a nivel institucional, sino en muchos sectores académicos— lo que el senador de la U Roy Barreras dio en llamar “la llave para la paz”. Un mecanismo jurídico, de raigambre constitucional, que fija los lineamientos para realizar un proceso de diálogo y justicia transicional.

A juicio de sus creadores, la norma tiene por objeto unificar desde la Constitución las bases para realizar eventuales leyes de desarme, verdad y reparación a las víctimas.

La propuesta ha tenido tanto detractores como promotores. De un lado están quienes dicen que el instrumento es innecesario, puesto que las leyes de este tipo se han hecho en Colombia sin la necesidad del artículo propuesto; que no es conveniente que algunos procesos se lleven por mecanismos no judiciales, dejando ante los tribunales sólo a los delincuentes más responsables; y que la facultad “discrecional” del Gobierno de poder decir quiénes pueden recobrar derechos políticos puede llevar a muchos problemas de legitimidad. Por el otro lado se dice que la legislación para la paz, hasta hoy, es incoherente; sin un marco bajo el cual cumplirse; que los mecanismos no judiciales son aplicados en muchas partes del mundo para estos procesos y que la facultad del Gobierno tendría cuidado de no violar el derecho internacional.

Junto con éste, otro tema se puso en el foco de la escena por cuenta de una de las ya famosas declaraciones del vicepresidente Garzón: incluir —porque el texto del proyecto lo permite para “las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”— a los miembros de la Fuerza Pública que estén comprometidos en violaciones de derechos humanos. Es decir, una suerte de Justicia y Paz, pero para las fuerzas del Estado. Así como los alzados en armas tienen beneficios, dicen los promotores, la otra cara del conflicto debería tenerlos también.

Tremendo debate que, como es lógico, ha desatado una serie de ataques a dicha consideración. Angelino Garzón ha dicho que, pese a las altas responsabilidades que cobijan a militares por ser ellos representantes de la seguridad del Estado, no puede obviarse la posibilidad de perdonarlos por sus errores. Para otros, la desmovilización no puede predicarse de miembros de las Fuerzas Armadas, por ser éste un contrasentido. Además a ellos, dicen, debería aplicárseles la ley de una manera más estricta por su misma condición.

¿Y la verdad histórica? La ventaja de un eventual proceso de este tipo es que muchos de los sucesos que permanecen en la oscuridad, y en los que algunos miembros de la Fuerza Pública están inmiscuidos, podrían llegar a aclararse con más facilidad.

Más allá de lo conveniente de la reforma, y de las críticas que a nivel jurídico suscite, el instrumento que se pretende incluir en la Constitución es apenas una puerta abierta. Una posibilidad de que miembros de todo tipo se incluyan en un eventual proceso de paz. Para un debate mucho más nutrido falta esperar a la materialidad del hecho —que uno de los actores se entregue— y resolver las siguientes preguntas: ¿Para qué puede servir? ¿Bajo qué condiciones se va a hacer? ¿Cuáles son las ganancias de parte?

En el momento en que un grupo cualquiera decida “desmovilizarse”, tendrá que integrarse inmediatamente un comité de expertos en el tema de justicia transicional que sepa dar las respuestas más pertinentes al tema. No sólo de los grupos alzados en armas, sino de los agentes del Estado: medir esa posibilidad con un rasero distinto, invocando razones exclusivas para su tratamiento, teniendo en cuenta su función de servidores públicos y evitando la impunidad al máximo. La viabilidad de la propuesta dependerá no sólo de la simple voluntad —muy importante en todo caso—, sino del esquema mismo que se plantee en su momento.

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