Se mueve el carrusel

Empezando por los ciudadanos, quienes ya expresaron su cansancio frente a un tema que se hacía casi evidente: las calles continuaban destruidas, las obras seguían inconclusas, las promesas aún no se habían cumplido. Esto generó hace unos meses un estallido en contra de la administración de Samuel Moreno, que llevó, con no poca presión mediática y de ciertos sectores de la política, a la destitución del alcalde por parte de la Procuraduría. Un hecho que, si bien ha sucedido ya antes en Bogotá, no deja se ser insólito.

Los involucrados, poco a poco, van siendo conocidos. Los hechos que constituyeron el desfalco de la ciudad, también. Las grandes obras, todo indica, fueron adjudicadas a dedo y por intereses a la familia Nule. Ya cayó Inocencio Meléndez, exdirector del IDU, quien fue condenado a siete años de prisión. Y no cayó por obra de una exhaustiva investigación de la justicia, sino por su confesión y ánimo de colaborar con ella, asunto que pone una luz en el camino y sirve de guía para llegar al final. La audiencia del exfuncionario, junto con las grabaciones que se han encontrado, son pruebas útiles con las que cuenta la Fiscalía en este momento. Y al parecer las usará.

Ya por ello fue involucrado el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, quien presuntamente recibió una multimillonaria suma de dinero como compensación a su labor. Aunque lo ha negado categóricamente, está en manos de la justicia dilucidar si es así. Qué bueno que la Fiscalía investigue lo sospechoso, para eso existe. Sin embargo, a la espera está Samuel Moreno. Una condena en contra de él, de ser encontrado culpable, sería no sólo un precedente muy importante en este país —que los jefes de orquesta, si lo fue, también caen— sino un símbolo muy grande para la mayoría de ciudadanos que se sienten “víctimas” en este proceso penal que se adelanta.

Samuel Moreno, pese a todo, le rehúye a la justicia en una actitud poco confiable. Para la primera audiencia se hizo el loco alegando que no tenía un abogado que lo defendiera. Y para la segunda, dejó boquiabierta a la juez encargada al decir que “no conoce el proceso en su contra”. ¿No lo conoce después de dos meses en que se le ha dicho que comparezca? Entonces mejor que vaya, así podría enterarse de qué cargos y bajo qué argumentos se le va a juzgar. Y si se dice inocente, ¿por qué no asiste de una vez? ¿Se quedará en que se trata de una conspiración en su contra, como siempre ha sostenido y como alega todo político acusado en este país? Moreno no se escapa a esa aura mágica que reviste simbólicamente a las figuras públicas: de ser un ciudadano corriente, ya habría audiencia cumplida.

La juez encargada, en una muy hábil maniobra, decidió aplazar la audiencia con un condicionante drástico: de no asistir a la próxima, que se adelantará el próximo 17 de septiembre, el exalcalde será tenido en cuenta como reo ausente. Es decir, así no vaya, se leerán los cargos y decretará medida de aseguramiento en su contra. No podemos decir otra cosa: Moreno juega a dilatar el proceso, práctica común e infame que desgasta a la justicia colombiana. Igual, tendrá que comparecer. Es su deber como ciudadano y funcionario público. Si es inocente, como dice, debe probarlo; la ley se lo permite.

Empezando por los ciudadanos, quienes ya expresaron su cansancio frente a un tema que se hacía casi evidente: las calles continuaban destruidas, las obras seguían inconclusas, las promesas aún no se habían cumplido. Esto generó hace unos meses un estallido en contra de la administración de Samuel Moreno, que llevó, con no poca presión mediática y de ciertos sectores de la política, a la destitución del alcalde por parte de la Procuraduría. Un hecho que, si bien ha sucedido ya antes en Bogotá, no deja se ser insólito.

Los involucrados, poco a poco, van siendo conocidos. Los hechos que constituyeron el desfalco de la ciudad, también. Las grandes obras, todo indica, fueron adjudicadas a dedo y por intereses a la familia Nule. Ya cayó Inocencio Meléndez, exdirector del IDU, quien fue condenado a siete años de prisión. Y no cayó por obra de una exhaustiva investigación de la justicia, sino por su confesión y ánimo de colaborar con ella, asunto que pone una luz en el camino y sirve de guía para llegar al final. La audiencia del exfuncionario, junto con las grabaciones que se han encontrado, son pruebas útiles con las que cuenta la Fiscalía en este momento. Y al parecer las usará.

Ya por ello fue involucrado el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, quien presuntamente recibió una multimillonaria suma de dinero como compensación a su labor. Aunque lo ha negado categóricamente, está en manos de la justicia dilucidar si es así. Qué bueno que la Fiscalía investigue lo sospechoso, para eso existe. Sin embargo, a la espera está Samuel Moreno. Una condena en contra de él, de ser encontrado culpable, sería no sólo un precedente muy importante en este país —que los jefes de orquesta, si lo fue, también caen— sino un símbolo muy grande para la mayoría de ciudadanos que se sienten “víctimas” en este proceso penal que se adelanta.

Samuel Moreno, pese a todo, le rehúye a la justicia en una actitud poco confiable. Para la primera audiencia se hizo el loco alegando que no tenía un abogado que lo defendiera. Y para la segunda, dejó boquiabierta a la juez encargada al decir que “no conoce el proceso en su contra”. ¿No lo conoce después de dos meses en que se le ha dicho que comparezca? Entonces mejor que vaya, así podría enterarse de qué cargos y bajo qué argumentos se le va a juzgar. Y si se dice inocente, ¿por qué no asiste de una vez? ¿Se quedará en que se trata de una conspiración en su contra, como siempre ha sostenido y como alega todo político acusado en este país? Moreno no se escapa a esa aura mágica que reviste simbólicamente a las figuras públicas: de ser un ciudadano corriente, ya habría audiencia cumplida.

La juez encargada, en una muy hábil maniobra, decidió aplazar la audiencia con un condicionante drástico: de no asistir a la próxima, que se adelantará el próximo 17 de septiembre, el exalcalde será tenido en cuenta como reo ausente. Es decir, así no vaya, se leerán los cargos y decretará medida de aseguramiento en su contra. No podemos decir otra cosa: Moreno juega a dilatar el proceso, práctica común e infame que desgasta a la justicia colombiana. Igual, tendrá que comparecer. Es su deber como ciudadano y funcionario público. Si es inocente, como dice, debe probarlo; la ley se lo permite.