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El caso de Dilan Cruz tiene que ser resuelto cuanto antes, pues las trabas burocráticas y los aplazamientos no le han dado respuestas al país que se indignó con esta tragedia ocurrida en noviembre del año pasado. La decisión del Consejo Superior de la Judicatura de devolver el proceso a la justicia penal militar, aunque debatida por expertos, debe en todo caso desencadenar en un trato justo y transparente para la familia de Cruz. ¿Permitirá la jurisdicción militar que hechos tan importantes terminen diluyéndose en procesos opacos?
Denis Cruz, hermana de Dilan y quien ha adoptado la vocería de su caso, recordó que “Dilan no murió, a mi hermano lo asesinaron”. Por eso expresó su preocupación por el cambio de competencia, pues desea que el caso no lo lleve “un tribunal que garantice impunidad”. Sus preocupaciones son válidas y deberían ser escuchadas por los magistrados de la justicia penal militar que ahora llevarán el proceso. El país entero, especialmente aquel que se tomó las calles en marchas históricas en noviembre pasado, está pendiente de lo que ocurra. Durante una manifestación la Policía no puede causar la muerte de uno de los ciudadanos a los que está intentando proteger. Eso debe quedar clarísimo.
Para el Consejo Superior de la Judicatura, el capitán de la Policía, Manuel Cubillos, quien con un disparo causó la muerte de Cruz, se encontraba en ejercicio de sus funciones. “Las declaraciones de los uniformados y de los funcionarios de la Personería de Bogotá”, dijeron los magistrados, “son claras en cuanto sostienen que se trató de un asunto en donde debió repelerse una manifestación que se tornó violenta, lo cual a juicio de esta colegiatura se traduce en un acto del servicio”.
Por eso, “una actuación delictiva tiene relación con el servicio cuando es realizada por un miembro de la Fuerza Pública y este se encuentra en cumplimiento o ejercicio regular de las funciones a él asignadas, siempre y cuando la conducta ilícita tenga íntima afinidad con esas mismas funciones”. Entonces, le corresponde a la justicia penal militar actuar.
Hay que evitar varias trampas. El proceso no debería dilatarse durante mucho tiempo. Las evidencias están sobre la mesa y los magistrados deben poder llegar a una conclusión, sea cual sea, con celeridad. Tampoco puede ocultarse a la opinión pública las razones de la decisión que se adopte. Parte de la desconfianza de las personas en la justicia penal militar es que sienten que le falta transparencia y, ante todo, demostrar su neutralidad al juzgar a miembros de la Fuerza Pública. Otro punto clave es que la decisión no banalice lo ocurrido, ni caiga en muchas de las estigmatizaciones que surgieron en torno a la protesta social.
Colombia necesita que en sus manifestaciones, así se presenten enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los ciudadanos, el actuar de los policías sea ejemplar. La tragedia de Cruz marcó un antes y un después de las protestas del año pasado. Por eso es necesario que honremos el dolor de la familia, el recuerdo de Cruz y que la justicia haga lo propio para encontrar responsabilidades.
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