Seguimos avanzando

El Ejecutivo, en cabeza de Juan Manuel Santos, decidió redactar un articulado del Estatuto Nacional de Drogas, que está a la espera de ser radicado en el Congreso de la República. Los puntos son varios, las temáticas diversas, pero dentro de todo este gran panorama es evidente el riesgo que ellos suponen: es el inicio de un quiebre absoluto de la política antidrogas. Es necesario que el debate se dé a la altura, por fuera de dogmatismos o argumentos religiosos. Esperemos, pues, que llegue al mejor término.

Las propuestas son muchas. Entre las más importantes están las siguientes: reglamentar los cultivos de sustancias ilícitas, con el objetivo de que se produzcan para fines lícitos (nada de descabellado tiene que se utilicen para usos terapéuticos o alimenticios, como se propuso hace ya casi diez años); regular la dosis personal, una batalla lógica que, no obstante, ha tenido reformas constitucionales que frenan su paso; la creación y reglamentación de centros de atención al consumidor, haciendo eco de la propuesta de Gustavo Petro en Bogotá; el control sobre los medicamentos, aquellos legales, que se usan para el consumo ilegal; y la posibilidad de otorgar el principio de oportunidad a pequeños cultivadores de plantas consideradas ilegales.

Más allá de cuáles son los elementos específicos de esta nueva regulación, vale la pena hacer un alto en el camino para analizar su dimensión total. Resulta positivo que el tema de las drogas, por fin, salga de la marginalidad y el combate punitivo. Las drogas son un tema que por estar aislado tanto tiempo del debate nacional, como cuento de “unos pocos drogadictos”, es un laberinto inentendible para los hacedores de políticas públicas. Las drogas se han combatido con un enfoque reduccionista de su impacto: castigar. Castigar al narco, castigar al consumidor, castigar al que cultiva, castigar al que tenga algún tipo de relación con ellas. Antes de prohibir una conducta social, los gobiernos del mundo han debido dedicarse a entender qué efectos tienen las drogas, qué lleva a un ser humano a consumirlas, qué diferencias —hondas— hay entre los tipos de consumidores, cómo se trata un problema de drogadicción, cuáles son los daños primarios y secundarios de las drogas.

No entender esto, o mejor, no saber responder estas preguntas a tiempo, ha llevado a la polarización absoluta del tema. A tener contradictores, casi ideológicos, sobre cuál debe ser la respuesta del Estado. Entonces, en una esquina se paran los prohibicionistas, quienes quieren más castigo, hasta las últimas consecuencias, y en la otra se paran los legalizadores, que quieren el régimen más laxo posible. Y entre extremos, se sabe, no se puede discutir.

Lo que hace Santos con esto es abrir una senda provechosa: el camino para que las drogas se abran en su real dimensión a la sociedad, poniendo de presente los riesgos que su consumo implica y dejándole al ciudadano la elección de hacerlo. Es el primer paso para que podamos llegar a un país que tolere el consumo pero que no lo promueva, con canales legales para la producción y el consumo, con sitios especializados para la rehabilitación, con un enfoque de salud pública, con más control del Estado y menos de la marginalidad. Ganaríamos todos, sin duda, y dejaríamos abierta una puerta sin precedentes.

El Ejecutivo, en cabeza de Juan Manuel Santos, decidió redactar un articulado del Estatuto Nacional de Drogas, que está a la espera de ser radicado en el Congreso de la República. Los puntos son varios, las temáticas diversas, pero dentro de todo este gran panorama es evidente el riesgo que ellos suponen: es el inicio de un quiebre absoluto de la política antidrogas. Es necesario que el debate se dé a la altura, por fuera de dogmatismos o argumentos religiosos. Esperemos, pues, que llegue al mejor término.

Las propuestas son muchas. Entre las más importantes están las siguientes: reglamentar los cultivos de sustancias ilícitas, con el objetivo de que se produzcan para fines lícitos (nada de descabellado tiene que se utilicen para usos terapéuticos o alimenticios, como se propuso hace ya casi diez años); regular la dosis personal, una batalla lógica que, no obstante, ha tenido reformas constitucionales que frenan su paso; la creación y reglamentación de centros de atención al consumidor, haciendo eco de la propuesta de Gustavo Petro en Bogotá; el control sobre los medicamentos, aquellos legales, que se usan para el consumo ilegal; y la posibilidad de otorgar el principio de oportunidad a pequeños cultivadores de plantas consideradas ilegales.

Más allá de cuáles son los elementos específicos de esta nueva regulación, vale la pena hacer un alto en el camino para analizar su dimensión total. Resulta positivo que el tema de las drogas, por fin, salga de la marginalidad y el combate punitivo. Las drogas son un tema que por estar aislado tanto tiempo del debate nacional, como cuento de “unos pocos drogadictos”, es un laberinto inentendible para los hacedores de políticas públicas. Las drogas se han combatido con un enfoque reduccionista de su impacto: castigar. Castigar al narco, castigar al consumidor, castigar al que cultiva, castigar al que tenga algún tipo de relación con ellas. Antes de prohibir una conducta social, los gobiernos del mundo han debido dedicarse a entender qué efectos tienen las drogas, qué lleva a un ser humano a consumirlas, qué diferencias —hondas— hay entre los tipos de consumidores, cómo se trata un problema de drogadicción, cuáles son los daños primarios y secundarios de las drogas.

No entender esto, o mejor, no saber responder estas preguntas a tiempo, ha llevado a la polarización absoluta del tema. A tener contradictores, casi ideológicos, sobre cuál debe ser la respuesta del Estado. Entonces, en una esquina se paran los prohibicionistas, quienes quieren más castigo, hasta las últimas consecuencias, y en la otra se paran los legalizadores, que quieren el régimen más laxo posible. Y entre extremos, se sabe, no se puede discutir.

Lo que hace Santos con esto es abrir una senda provechosa: el camino para que las drogas se abran en su real dimensión a la sociedad, poniendo de presente los riesgos que su consumo implica y dejándole al ciudadano la elección de hacerlo. Es el primer paso para que podamos llegar a un país que tolere el consumo pero que no lo promueva, con canales legales para la producción y el consumo, con sitios especializados para la rehabilitación, con un enfoque de salud pública, con más control del Estado y menos de la marginalidad. Ganaríamos todos, sin duda, y dejaríamos abierta una puerta sin precedentes.