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Es evidente que quieren silenciar el trabajo de la fiscal María Angélica Monsalve. Al cierre de esta edición, se conoció que la Unidad Especial de Investigación SIU-Dijín encontró que “una organización criminal pretende realizar un posible atentado para afectar la integridad física” de Monsalve, por lo que le designaron un esquema de protección. Este intento patente por aterrorizarla debe tenerse en cuenta al momento de estudiar su solicitud de no ser trasladada a Putumayo, menos cuando acaba de realizar la imputación de cargos en un caso de especial relevancia para Bogotá. El escándalo en torno a Monsalve viene desde hace unas semanas. La fiscal está investigando el caso de una empresa que se quedó con una licitación para el recaudo de Transmilenio. Según las evidencias recolectadas por la fiscal, en la sombra Carlos Ríos Velilla, Javier Ríos Velilla, tíos de Felipe Ríos Londoño, serían los dueños de esa empresa. Con el agravante de que la adjudicación del contrato se dio en un momento en que Ríos Londoño, familiar de los otros dos implicados, era concejal distrital. Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito de interés indebido en contratos públicos a los tres familiares.
La situación no termina ahí. Según contó la W Radio, hay varios indicios de que la fiscal está siendo presionada por varias partes. Un audio conocido por la emisora involucra a Alberto Ríos Velilla y al rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, intentando que la investigación no proceda. El mismo exfiscal Néstor Humberto Martínez contó que no se reunió con la fiscal, pero sí conoció que la versión de los Ríos Velilla es que todo se trata de una persecución política en su contra.
Lo que nos queda claro en medio de tantos tires y aflojes es que la investigación de la fiscal Monsalve es esencial para Bogotá y para el país entero, pues involucra el sistema de transporte público más grande y con más recursos de Colombia. Un acto de corrupción como el que se denuncia merece ser llevado a juicio y que pronto todos sepamos qué fue lo que ocurrió y si en efecto la imputación tiene méritos. No debería ser de otra manera.
Por eso es preocupante que, a los pocos días de la imputación realizada por Monsalve, la Fiscalía haya decidido trasladarla a Putumayo. Según insiste el ente investigador, se trata de una designación por “necesidad del servicio”, pero el momento en que ocurre en medio de un caso de tan alto perfil y con tantos cuestionamientos sobre injerencias indebidas despierta dudas. Diego García-Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, fue claro al respecto: “El traslado arbitrario y sin justificación de fiscales y jueces es una interferencia indebida en la independencia judicial y una violación del principio de inamovilidad. El traslado que se pretende hacer de la fiscal Monsalve Gaviria tiene todos los elementos para considerarlo como una afectación de este principio”.
Garantizar la integridad física de la fiscal Monsalve es lo mínimo, pero debe ir acompañado de una reconsideración de su traslado. El proceso que involucra a los Ríos necesita ser resuelto con eficiencia por la justicia, para entender qué fue lo que pasó. Ante tanta tensión y atención pública, el proceso judicial necesita ser ejemplar.
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Nota del ediitor: este editorial fue modificaado de una primera versión que incluía como copropietario de la empresa en cuestión al exconcejal Felipe Ríos, pero no lo es.
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