Siguen cayendo piezas en el caso Merlano

El Espectador
03 de diciembre de 2019 - 05:00 a. m.
La confianza de los colombianos en sus instituciones, y en su democracia, depende de que la justicia pueda demostrarse capaz de frenar la compra de votos. / Foto: Archivo El Espectador
La confianza de los colombianos en sus instituciones, y en su democracia, depende de que la justicia pueda demostrarse capaz de frenar la compra de votos. / Foto: Archivo El Espectador

Siguen cayendo piezas en el caso de Aída Merlano, la exparlamentaria condenada por compra de votos y que se le fugó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La condena de tres de sus colaboradores es una buena noticia para el país, sin embargo, vuelve a evidenciar la falta de responsables en un entramado criminal sobre el que todavía no tenemos toda la información.

Un juez de Barranquilla condenó a Edwin Rafael Martínez Salas, Jéfferson de Jesús Viloria Miles y Evelyn Carolina Díaz, quienes formaban parte de la Casa Blanca, la sede del grupo criminal que llevó a Merlano a obtener un puesto en el Congreso de la República. Según la Fiscalía, Martínez fue el coordinador del departamento de sistemas en la campaña y pagará una pena de siete años de cárcel. Miles era ayudante de Martínez y Díaz administraba el comando político en el que se desarrolló la estrategia para la compra de votos. Ambos fueron condenados a seis años y medio de prisión.

Celebramos que la Fiscalía y la justicia hayan seguido actuando en este caso, que hace unos meses fue noticia, primero por la condena contra Merlano de la Corte Suprema de Justicia, y luego por su vergonzante fuga. A la fecha, la exparlamentaria no ha sido recapturada. ¿Podrán las autoridades dar con su paradero?

Según el testigo clave que ha permitido toda la operación contra la Casa Blanca, Francisco Valencia, el grupo de Merlano lo conformaban 2.000 personas aproximadamente, entre coordinadores de grupo y líderes encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes. Presuntamente, están involucrados funcionarios de la Registraduría y, sin duda, hay muchos intereses políticos de por medio.

Pasaron las elecciones regionales de octubre y, a la fecha, todavía no hemos terminado de ubicar a todas las personas que tuvieron que ver con esta operación, que supera sin duda a Merlano. ¿Alguna vez Colombia podrá conocer a las cabezas que lo orquestaron todo?

Hace unos meses, la Fiscalía acusó al empresario Julio Gerlein Echavarría, quien habría entregado millonarios cheques a la empresa criminal de Merlano. Según el ente investigador, desde la cuenta bancaria de Julio Gerlein se giraron varios cheques con destino a diferentes personas que no tenían nada que ver con Merlano ni sus ayudantes, así como a identidades falsas. Una vez cobrados los cheques, el papel entraba a una cadena de endoso para, finalmente, llegar a manos de quienes sí tenían vínculos con la organización de Merlano. Él se ha declarado inocente, por lo que es fundamental que la justicia le explique pronto a los colombianos cuál fue la naturaleza de su involucramiento y la de su casta política.

Lo hemos dicho en el pasado y es necesario repetirlo hasta que este caso llegue a sus últimas consecuencias: la confianza de los colombianos en sus instituciones, y en su democracia, depende de que la justicia pueda demostrarse capaz de frenar la compra de votos. Antes de las próximas elecciones, en poco menos de tres años, el reto para la Fiscalía y las cortes es poder mostrarle al país que todos los responsables fueron identificados, capturados y procesados. No puede haber otro desenlace.

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