Siguen los problemas del nuevo POS

Relativamente poco se demoraron las Empresas Promotoras de Salud del régimen subsidiado en colapsar, luego del anuncio del gobierno de que unificaría el Plan Obligatorio de Salud (POS) para todos los colombianos el pasado 1 de julio.

Ya salieron las EPS Colsubsidio y Ecoopsos a decir que no van a prestar más sus servicios en Bogotá. Con ellas, 238.000 personas se quedarán en el aire.

Sorprende un poco oír el nombre de Colsubsidio —una empresa grande, consolidada, que uno pensaría rentable— clamando también por la crisis de salud que experimentamos los colombianos. Eso muestra, con creces, que la cosa no está nada fácil. El gobierno se las puso realmente complicada.

El recorrido histórico de esta medida es sencillo: la Ley 100 de 1993 separó a los usuarios del servicio de salud entre personas del régimen contributivo y del régimen subsidiado, ya que los recursos no alcanzaban. Dicho en cristiano, pobres y asalariados tendrían regímenes distintos. A cada uno, como si la salud se tratara de una mercancía, se le daban planes de atención diferentes. Pasaron los años (ya que se contemplaba como una medida que se acabaría de forma gradual) y esta brecha no se cerraba. Luego vino la Corte Constitucional con su sentencia T-760/08 a decir que unificaran los regímenes. Una cosa básica de igualdad. El presidente Juan Manuel Santos lo hizo pero —y esto ya se vuelve evidente el día de hoy— sin las medidas de contingencia y preparación necesarias.

Por ejemplo, no se explica la diferencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para personas de un régimen y de otro. La UPC es ese valor que el gobierno le reconoce a las EPS por cada uno de los afiliados al sistema. Sin embargo, le paga menos por los usuarios del régimen subsidiado. ¿Y esta diferencia tan burda —de $120.000 mal contados— de dónde viene? ¿Quién la asume? ¿Por qué, si a iguales hay que darles trato igual, hay esta diferencia que sumada una a una genera millones de pesos?

Pero bueno. Al margen están las EPS del régimen subsidiado y el —consecuente, porque los pobres también se enferman— incremento de las demandas de servicio. Si éste se amplía es obvio que las personas irán a acudir a él. No pudieron prever esta consecuencia tan sencilla. El problema, en términos reales, es que sólo quedan dos (increíble) EPS del régimen subsidiado para prestar el servicio de salud. Pero ellas adolecen del mismo mal: no tienen dinero, el Estado les adeuda, y ellas deben a los hospitales la bicoca de $32.000 millones.

Hace apenas una semana nos preguntábamos en este espacio cuál sería el futuro de la medida en la práctica. No se demoró mucho la realidad para mostrárnoslo con unas cifras muy contundentes. Guillermo Alfonso Jaramillo, el secretario de Salud del Distrito, dio una especie de parte de tranquilidad: que Colsubsidio operaría hasta noviembre y Ecoopsos hasta octubre, y que la preocupación sería el traslado de los pacientes. Dijo, sin embargo, algo muy sensato, y es que es imposible hablar de unificación sin cambiar el modelo, el sistema.

La salud, como derecho fundamental, y como una de las realidades más palpables de la ineficiencia del aparato estatal (ver, no más, las filas, los carruseles de la muerte) debe ser tratada con suma delicadeza. Todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad deben hacerse. Esto, como primer diagnóstico, luce muy mal. Vamos a ver qué se inventan para solventar esta crisis de escasez de EPS.

 

 

 

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