Sin fuero ampliado, por ahora

No importa que la Corte Constitucional haya declarado inexequible la reforma al fuero penal militar, un intento —criticado por todos los relatores especializados de Derechos Humanos de Naciones Unidas— que buscaba, sobre todo, blindar jurídicamente a las Fuerzas Armadas de este país frente a los juicios civiles. No importa, insistimos, porque el Gobierno ha dicho que no se ha rendido.

“Continuaremos abogando por su seguridad jurídica”, dijo el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en Twitter una vez supo esta noticia, que no debió caerle nada bien.

Más que jurídico —como todo en el derecho—, la iniciativa tenía sobre todo un fin político evidente: hacerles un guiño a las Fuerzas Armadas que, dicen, se sienten desprotegidas, sobre todo cuando se discute en La Habana la paz con la guerrilla de las Farc. Y lo que implique en términos penales, que, no sobra decirlo, es incierto aún. No encontramos, sin embargo, una razón de peso para que esa prerrogativa, que en casi todos los países del mundo es reducida a unos pocos delitos (o incluso inexistente), sea concedida a los militares de este país.

La tal desprotección es algo bastante nebuloso. No es necesario crear tribunales y nuevas reglas para asegurar una justa adjudicación del derecho. Ni la falta de especialidad de los jueces en temas militares, ni la falta de normas de derecho procesal. Para ambas hay soluciones que no implican modificar la Constitución de un país: especializar a los jueces en conocimientos de derecho humanitario y asuntos militares, para lo primero. Crear normas de derecho sustantivo (que son las que realmente hacen falta) para que haya suficiente claridad en lo segundo.

Puede el Gobierno radicar de nuevo la propuesta, ya que los vicios de forma que detectó la Corte, según la mayoría de los analistas, son insubsanables. Sin embargo, ya se le agotó el tiempo. Ahora el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha sacado su as de debajo la manga: radicar con mensaje de urgencia un nuevo proyecto para “crear y organizar el fondo de defensa para los miembros de la Fuerzas Armadas involucrados en investigaciones por actos de servicio”. Lo que sea que esto signifique e implique. Como dijimos, un guiño basta para crear una ley.

Lo cierto es que el fallo de la Corte Constitucional sentó un precedente de forma, no de fondo. Y, como ya nos tiene muy mal acostumbrados, sólo emitió el sentido del fallo. La sentencia completa, como para hacer un análisis más profundo del tema, nos la quedó debiendo. Y ahí es donde salta la pregunta: ¿Cuál es el rasero para juzgar una cosa tan importante como el fuero militar? No lo sabemos.

Lo que quedó claro es que un tema tan importante no puede discutirse cuando la comisión y la plenaria debaten simultáneamente (algunos dicen que eso pasó, otros que no, y de ahí la votación: cinco a cuatro), por estar prohibido en la Ley 5ª de 1992, el reglamento natural del Congreso; tampoco, aprobarse a pupitrazo limpio, en medio del afán. Y ahí sí que le cabe responsabilidad también al Gobierno que tanto empujó por su aprobación contra toda crítica.

Pero, ¿y el resto? ¿No merece el país saber, con contundencia, si el fuero es conveniente o no a la luz del derecho que nos rige? Es por eso que los defensores de derechos humanos celebran que ya no exista legalmente el fuero ampliado y su ley regulatoria. Pero lo hacen con precaución. Y por esto mismo es que se puede abrir la posibilidad, de nuevo, de adelantar reformas innecesarias, que pueden costarle mucho a la sociedad.

 

últimas noticias

El conflicto sigue