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Estos son los hechos: policías en Cartagena detienen un vehículo en el que encuentran un kilo de cocaína, tres armas (una de ellas con salvoconducto vencido) y cerca de $8 millones en efectivo. Las tres personas que ocupaban el carro eran Gloria Estrada, presidenta del Concejo Distrital de Cartagena; Martín Barreto, su pareja, y Avelino Villamizar, mánager de artistas. La Fiscalía les imputó cargos ante un juez y también contó que a un patrullero le ofrecieron $100 millones para que se quedara callado. En respuesta a todo esto, los concejales de la ciudad se unieron para respaldar y absolver, de entrada, a su colega. ¿Cómo es posible esa presión a la justicia?
Estrada dice que todo se trata de un montaje. Su representación legal argumentó que había una cuarta persona, no identificada hasta la fecha, que se bajó del carro y está ausente. La concejala incluso habla de persecución política en su contra. Sin embargo, la Fiscalía ha sido firme. Imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y a Barreto le imputó porte ilegal o tráfico de armas de fuego o municiones por el salvoconducto sin vigencia. Según retoma El Universal, el fiscal del caso explicó: “Tenían certeza de que actuaban contrario a derecho y pretendían evadir la acción policial, porque se orillaron y entraron a una estación de gasolina (...) Uniformados responsables del operativo denunciaron que una persona no identificada intentó sobornarlos”. A todas luces, hechos gravísimos.
Pese a lo ocurrido, en un extraño comunicado, dado que proviene de un órgano tan importante como el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, los miembros de esa corporación dijeron que “están a la espera de que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias frente al caso de la presidenta de la corporación, Gloria Estrada (...) manifestamos que confiamos que todo este proceso se va a realizar con las garantías legales para esclarecer lo sucedido y que nuestra presidenta va a superar de forma positiva este difícil momento”. Es decir: ante una investigación en proceso, con capturas en flagrancia e imputación de la Fiscalía, el Concejo decide tomar partido y, en el camino, presionar a la justicia.
Tenemos que volver a hablar de ética y de la responsabilidad de los servidores públicos, como lo hicimos ayer en este mismo espacio. Por supuesto que Estrada y compañía tienen derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo, eso no está en duda. No obstante, la legitimidad de instituciones como el Concejo de una ciudad están íntimamente relacionadas con el actuar de sus miembros. ¿Qué piensan los cartageneros cuando la presidenta de su corporación legislativa es capturada con un kilo de cocaína? ¿Y cómo pueden respetar la justicia si el Concejo se une para rechazar el trabajo de la Fiscalía?
Lo mínimo, por respeto a la democracia, sería una renuncia por parte de Estrada para que se defienda como una ciudadana privada. Y por parte del Concejo, evitar cualquier injerencia en la justicia o manifestación pública que demuestre sus preferencias. Que los cartageneros y Colombia entera puedan entender qué ocurrió después de que todas las pruebas se presenten ante el juez. Todo lo demás es ruido inadecuado que afecta a las instituciones.
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