Suspendidos en el tiempo

Ya son casi tres décadas las que han pasado en este país desde los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia, sede de la cúpula de una rama del poder público.

Dos días de violencia e incertidumbre en los que la guerrilla del M-19 se tomó a sangre y fuego sus instalaciones para, pretendidamente, hacerle un juicio público al presidente de la época, Belisario Betancur, un hecho tan grave como la retoma (a sangre y fuego también, cómo no) que hizo el Ejército.

Dos días tatuados en la memoria de Colombia que llegan hasta hoy como si el tiempo no hubiera pasado: este evento partió en dos la historia contemporánea del país y hasta el presente se oyen los ecos de polarización frente al mismo. ¿Por qué? Porque poco se ha hecho en términos de justicia. La página no la hemos podido pasar. ¿Qué sucedió adentro? ¿Y qué pasó después? Dos preguntas que, pese a los miles de indicios y conjeturas e investigaciones abiertas, no podemos responder a ciencia cierta.

Sí, tenemos unos videos, y fotos, y las declaraciones públicas de algunos implicados, y los seriados de televisión que proyectan cosas. Y libros. Y reportajes. Pero de justicia, poco. Muy poco para un evento que tuvo un saldo de sangre tan impresionante: más de 100 muertos —entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia— y 11 desaparecidos. Todo ocurrido en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá, corazón del poder público en Colombia.

Ante esto, dos condenados: el coronel (r) Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales, ambos pendientes de segundas instancias en sus procesos. Nada, básicamente. El resto está en las tinieblas. Y volvemos sobre ellas para tratar de aclararlas cada que llega un aniversario de los hechos: como este año, cuando el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, creó un grupo especial para unificar expedientes y esclarecer los oscuros hechos. Serán investigados, a tres décadas del acontecimiento, ministros del Gobierno de Betancur y los altos mandos de la Policía y del DAS, ya todos en edad avanzada. Nada, entonces, como dijimos.

Y ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que oirá la defensa de Colombia a través de la voz de Adriana Guillén. Antes teníamos al abogado Rafael Nieto Loaiza, quien defendía que no hubo desaparecidos forzados en el holocausto del Palacio de Justicia, que el esquema de seguridad de los magistrados era adecuado, que no había pruebas de que Carlos Urán, magistrado que Noticias Uno mostró hace unos años saliendo vivo de la estructura en llamas, hubiera salido vivo. El giro de la abogada Guillén consistió en aceptar la responsabilidad directa por la tortura de dos personas, la desaparición de otras dos y las omisiones a la hora de determinar qué sucedió con los otros desaparecidos y con el magistrado Urán. Al menos.

La Nación va, apenas, con lo que su justicia ha hecho lo posible por reconocer. Y va, por supuesto, con la intención de que la condena no sea tan gravosa para el Estado colombiano. Luce difícil para el Gobierno trazar una dirección entre dos prerrogativas: ir a defenderse con una estrategia a lo que dé o tener un compromiso con las víctimas del país, que exigen mucho más de lo que hasta ahora se ha reconocido. Guillén sabe, igual, que todo está perdido de antemano: “La condena es inminente”, ha declarado.

Mucho más allá de la estrategia jurídica, la gran deuda es interna: no pudimos. No fuimos capaces nosotros, ni nuestras instituciones, de dar respuesta al menos una vez. No pudimos sentarnos en serio a reconstruir lo que pasó esos dos trágicos días de noviembre de 1985. Nos quedó grande la tarea. Y por eso todo el embrollo que vivimos en el presente. Por eso mismo es que vivimos suspendidos en el tiempo. Sin posibilidad de pasar la hoja, de avanzar en la historia propia.

 

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