¿Para qué tanta zona franca?

Las zonas francas en Colombia sirvieron tradicionalmente para agilizar los procesos de importación.

Con ellas se buscaba que las mercancías entraran rápido al país y, una vez en territorio nacional, se realizaran los trámites de aduana para ingresarlas al mercado. Un modelo que, con todo y varias fallas, probó tener sentido —por lo menos en su momento— para el mejor funcionamiento del comercio. En el 2004, la administración Uribe decidió emplear estas zonas en otro de sus usos: el incremento de la inversión extranjera directa. ¿Cuál de todas? En teoría, la que no fuera suficientemente grande para venir por sí sola al país, pero cuya llegada podría traducirse en aportes técnicos o tecnológicos, en aprendizaje de la mano de obra local, en demanda por insumos domésticos, entre otras. La idea: atraer pequeñas pero interesantes empresas en sus respectivas áreas, capaces de dinamizar la industria local. Un modelo, por demás, ya probado en el mundo, que no tendría motivo alguno para fracasar acá.

Sin embargo, desde la administración Uribe, y todavía hoy con la administración Santos, el Ministerio de Comercio, entidad encargada por ley de la adjudicación y supervisión de las zonas francas, se ha tomado poco seriamente su deber. Dicho más claramente: desde 2004 se le han otorgado territorios libres de impuestos a empresas que, por su tamaño, igual hubieran llegado a Colombia o, peor aún, a varias que ya estaban aquí pero que ahora se desplazaron a producir en estos pequeños paraísos fiscales. ¿Cuál es el sentido de permitir algo así? Ciertamente ninguno muy claro, pues no sólo se está incumpliendo en el empleo de este estamento público para el fin que le fue provisto, sino que además se está prestando, cuando menos, para una doble evasión de impuestos: la transferencias de costos y ganancias y el llamado contrabando técnico. Esto sin olvidar las rigideces que con ello se le introducen a la políticas macroeconómicas.

Así las cosas, tenemos hoy a empresas con filiales en el mundo y con zonas francas en Colombia, transmitiendo sus costos a nuestro territorio y sus ganancias a otros destinos, ingresando al país productos de alto valor pero subreportándolos a la hora de hacer la aduana y permitiéndole a los grandes capitales blindarse —por las cláusulas de estabilidad jurídica— contra las nuevas políticas fiscales que sí aplican para el resto de los colombianos. Un panorama, sin duda, bochornoso. Y, peor aún, unas cuentas bastante oscuras: de las zonas pensadas para atraer la inversión extranjera directa, sólo 10 están reportando sus movimientos, 16 anunciaron que están en proceso de hacerlo, 70 más no están en funcionamiento y al resto, alrededor de 80, les fueron concedidos permisos, pero no se sabe muy bien en qué estado del proceso se encuentran. Datos que no dejan de ser extraños, especialmente si se tiene en cuenta que siempre se ha vendido este tipo de zonas francas —llamadas especiales— como la panacea de la inversión; si así lo fueran, estarían todas trabajando y reportando en pleno.

El Ministerio de Comercio, sin embargo, las sigue ofreciendo por doquier. ¿No debería, por lo menos, tener la sutileza de demostrar con estudios transparentes que se está atrayendo capital en lugar de desplazarlo, que en realidad el beneficio de estas gangas tributarias es mucho mayor que su costo, que no se trata, a pesar de las apariencias, de una burla del sistema fiscal? El requisito más difícil para acceder a una zona franca es garantizar un monto alto para la inversión. Es decir, se puede, en principio, remodelar una fábrica que ya esté funcionando con esa suma —lo que en una industria de moderado tamaño es justificable— y conseguir que ese territorio pague muchos menos impuestos que todos los demás. No parece haber capital nuevo entrando al país por estas ofertas, pero sí parece estar creciendo la obligación de la cartera de Comercio de ofrecer explicaciones y del Ministerio de Hacienda, el DANE y la DIAN de ejercer presión y exigirle cuentas.

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