Las tarifas de Transmilenio

El dinero no fue robado, sino que representó un ahorro para quienes aprovecharon las tarifas y una inversión para intentar aliviar el tráfico de la capital. Se puede estar o no de acuerdo con esa política pública, pero pasar de ahí a definirla como un detrimento patrimonial parece descabellado.

Las cuentas bancarias de Gustavo Petro fueron embargadas y se le obliga a pagar $217.000 millones para reponer el capital dejado de recibir.

La decisión de la Contraloría Distrital en contra del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, del exsecretario de Hacienda Ricardo Bonilla y de la exsecretaria de Movilidad Ana Luisa Flechas, por un supuesto detrimento patrimonial al ordenar una reducción de la tarifa de Transmilenio, ha encendido varios debates, entre ellos uno muy importante: resolver si la manera como se les paga a los operadores de transporte público necesita un reajuste.

En agosto de 2012, el entonces mandatario redujo la tarifa de Transmilenio y estableció un esquema de franjas horarias, según horas valle y pico (la tarifa bajó $50 en hora pico y $350 en hora valle). Para la Contraloría Distrital, sin embargo, esa decisión configuró un subsidio ilegal que causó pérdidas a la ciudad que amenazan la estabilidad de la prestación del servicio de transporte. Las cuentas bancarias de Gustavo Petro fueron embargadas y se le obliga a pagar $217.000 millones para reponer el capital dejado de recibir. Además, mientras no cancele ese monto no podrá ocupar ningún cargo público, lo que afecta directamente su aspiración presidencial.

Son varios los puntos álgidos de esta decisión. Primero está la respuesta de Petro y de Transmilenio, que apuntan a que la reducción tarifaria no era un subsidio sino un nuevo esquema de pagos que les ahorró dinero a los bogotanos y tenía consideraciones ambientales. Más allá de la discusión técnica, que el Consejo de Estado deberá resolver, sobre si en efecto fue un subsidio o no, resulta preocupante que un alcalde no pueda tomar este tipo de medidas que modifiquen el flujo de pasajeros y tengan en cuenta las necesidades económicas de los usuarios del transporte público. El dinero no fue robado, sino que representó un ahorro para quienes aprovecharon las tarifas y una inversión para intentar aliviar el tráfico de la capital. Se puede estar o no de acuerdo con esa política pública, pero pasar de ahí a definirla como un detrimento patrimonial parece descabellado.

Aquí entra el segundo debate, que tiene que ver con la tarifa técnica y la retribución a los operadores de Transmilenio. Según lo ha dicho el concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, esa tarifa sigue aumentando por encima de la inflación y del salario mínimo. ¿No es momento de repensar los cobros en el transporte público pensando en un nuevo equilibrio entre el bienestar de la ciudadanía y un sistema con muchas deficiencias? Ante los huecos financieros denunciados en el SITP, este es un asunto prioritario que necesita respuestas contundentes e integrales por parte de la administración.

Finalmente está el asunto político. El exalcalde argumentó que la resolución de la Contraloría hacía parte de la “policía política” del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ante la evidencia de un debate técnico complejo, es inadecuada la ligereza de poner en duda la legitimidad de las instituciones ante una decisión contraria, estrategia que se ha vuelto común a lo largo del espectro ideológico. No obstante, aquí surge de nuevo una incongruencia normativa que ya hemos denunciado en el pasado: ¿cómo vamos a armonizar la decisión de la CIDH a propósito de los derechos políticos de los funcionarios en procesos disciplinarios y, ahora, fiscales? A la luz de la decisión internacional, el exalcalde no debería tener problemas en su carrera política. Tenemos que solucionar estas incoherencias para quitarles vuelo a los discursos sobre persecución política.

Dicho todo lo anterior, y alejándonos del fuego retórico, el Consejo de Estado debería responder cuanto antes sobre el tema de fondo, pues no creemos que medidas como la reducción de las tarifas sean meritorias de un castigo como este.

 

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