Tenemos que hablar de religión

La ligereza con la que algunos congresistas insistieron esta semana en que la Biblia, y no la Constitución, debería ser el documento que dirima las diferencias de opinión entre los colombianos es síntoma de un problema mucho mayor. Ante el rol cada vez más determinante, a nivel electoral, de las distintas iglesias del país, harían bien sus miembros en recordar por qué a todos, sin importar ideología o credo, nos conviene que Colombia sea un país laico.

Que Dios no sea el centro del Estado es una noción relativamente reciente en el país. La lucha sobre el tema en la Constituyente que terminó en la Carta Política de 1991 no fue menor. Y es que la Constitución que se estaba reemplazando decía en su artículo 38, sin dejar espacio a dudas, que “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social”. Eso, en la práctica, significaba que la Iglesia católica era priorizada por encima de todas las demás y gozaba de línea directa con el poder político. Todos los otros credos, incluyendo los cristianos, eran excluidos y en ocasiones perseguidos.

La historia de Colombia, como la del resto del mundo, tiene incidentes de persecución religiosa. En la Colonia se rechazó a los “herejes” luteranos y judíos, en los 50 hubo persecución contra los protestantes y la intolerancia ha cobrado víctimas de todos los credos.

Por eso fue tan revolucionario que la Constitución de 1991 dijera, en su artículo 19, que en Colombia “se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”.

Eso tiene dos implicaciones fundamentales: que el Estado debe dejar de promocionar a la Iglesia católica (y al resto de iglesias) para adoptar una posición laica, y que todos los colombianos pueden practicar la religión que deseen sin obstáculos por parte de ese Estado. Los únicos momentos en los que el Estado puede intervenir es si una religión pretende violar los derechos de otras personas como, por citar un ejemplo extremo, si pidiese apedrear a las mujeres que sean infieles.

Cuando los congresistas, o los movimientos ciudadanos, proponen que la Biblia sea el documento esencial del Estado sobre el que se tomen decisiones, están abandonando esta necesaria separación de Estado y religión. ¿Qué dirían estas personas si, por citar otro ejemplo, un Gobierno quisiese imponer la ley sharia en el país? ¿O si la Iglesia católica pidiera que su religión fuese la única reconocida en Colombia?

El lenguaje de la Constitución busca ser incluyente; uno común a todos los colombianos. Es un acuerdo sobre lo fundamental, sobre esas reglas que, sin importar nuestra procedencia, todos hemos acordado respetar. Claro, sobre ellas puede, y debe, haber discusiones, pero éstas no pueden reducirse a decir que un texto religioso tiene la única razón. Tan irracional como pedirle a un cristiano que renuncie a su libertad porque X libro sagrado así lo dice es decir que la familia de todos los colombianos debe ser heterosexual porque así lo manda el Dios cristiano en la Biblia.

Esto, por supuesto, no significa que las personas religiosas no puedan ejercer cargos públicos. Pero, cuando son elegidas, deben ejercer sus funciones respetando las reglas de la Constitución, entendiendo que trabajan para todos los colombianos, ateos, judíos, católicos, cristianos, etc., y no sólo para un grupo particular.

Apostar por esta separación y protegerla debe ser una tarea de todos los colombianos. El cálculo es lógico y, nos parece, sencillo: si acordamos no discriminar a nadie y vivir bajo el respeto de la diferencia, garantizamos que nunca vamos a permitir que en el país se oprima a personas por sus creencias. Claro, podemos estar en desacuerdo, y nuestras ideologías pueden ser incompatibles, pero para solucionar esos problemas existe la Constitución, ese idioma que todos podemos hablar.

 

 

 

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