La tenencia de la tierra, el eterno problema

Por estos días se han discutido distintas mediciones de factores sociales y económicos que han generado una alta controversia en grandes sectores de la opinión.

Sucedió así cuando Planeación Nacional cambió su medición de la pobreza y generó la indignación de una parte de la sociedad civil, así como la aprobación de varios expertos en la materia. Con todo, dijimos en este espacio que la nueva medición es adecuada a un nivel técnico y sirve para emprender políticas públicas y sociales por parte del Gobierno central que ayuden a los sectores más miserables. Hacia allá debió dirigirse el debate desde el principio.

Sin embargo, esta semana se abre con otra medición que aporta datos escalofriantes. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que será entregado oficialmente el día de mañana, deja ver desde ya sus no tan amables cifras: el 52% de la tierra está en manos del 1,15% del total de la población. Dato que refleja a su vez una realidad conocida por la mayoría, pero que en números concretos luce mucho más terrible: el coeficiente de Gini (el más aceptado por investigadores para medir la desigualdad) llega al 0,85 en una escala de 0 a 1, convirtiendo de esta forma a Colombia en uno de los países más desiguales del hemisferio.

A juicio del informe, las políticas agrarias que se han emprendido en Colombia por más de tres décadas no han servido sino para una cosa: hacer más ricos a los ricos, por medio de la acumulación de grandes terrenos. Los pobres, por oposición, se quedan cada vez con menos. Esto, sumado obviamente al conflicto armado interno que azota a Colombia desde hace años (con lo que surgen, de paso, despojos violentos y masivos de tierra que ascienden a la cifra de 6,6 millones de hectáreas) multiplica esa brecha inequitativa que nos caracteriza.

El informe, además, derriba una creencia que estaba imponiéndose en la mentalidad colombiana: que somos un país urbano. Y no. La mayoría de los municipios en este país (75,5%, a dicho del informe) son rurales. Esto, junto con la desigualdad en la tenencia de la tierra, genera dos frenos expresos para el desarrollo colombiano.

Ninguna de las reformas agrarias emprendidas a lo largo de nuestra historia ha servido para solucionar esta problemática. Con los años, por el contrario, se ha agravado hasta este punto que ya es alarmante. Por eso puede considerarse como positiva la respuesta inmediata que este lunes el Gobierno, a través del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, hizo a los medios: consideran que el balance que hace el PNUD es útil para enfocar las políticas que se adelantan. La propuesta de la organización multilateral es generar una “reforma rural transformadora”. Ésta no se trata de un despojo masivo de tierras, sino del uso y reasignación de aquellas que son productivas y no se usan de una manera adecuada.

El informe Colombia rural: razones para la esperanza debe constituirse en un instrumento fundamental en las políticas que Santos adelanta (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) con el fin de afinar sus instrumentos para, por un lado, solucionar estos frenos para el desarrollo y, por el otro, crear un modelo más equitativo de tenencia de la tierra lo cual, por consecuencia, puede solucionar muchos de los problemas sistemáticos que el país vive. Es una ruta hacia el progreso y no puede pasar como un informe más.

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