La tierra, otra vez

Cada tanto se habla en colombia de poner a producir la tierra, de darle buen uso, de promover en ella la agroindustria y, con ella, generar crecimiento económico en el campo.

Cada tanto, de igual forma, se presentan índices de cuánto producimos, cuánto exportamos y cuánto nos falta para generar una seguridad alimentaria plena y verdadera. Con eso en mano, se planean normas que, en el camino, van encontrando opositores feroces. El tema de la tierra en Colombia no es limpio ni fácil: siempre da para peleas muy grandes.

Más o menos eso es lo que sucede hoy, de nuevo, cuando en el Congreso se discute el proyecto de ley 223, más conocido como “Zonas de interés de desarrollo rural económico y social (Zidres)”, que promete generar empleo, dar acceso a la propiedad de la tierra, desarrollar las áreas apartadas de las ciudades (sobre todo en la altillanura) y que debe ser aprobada esta semana en segundo debate por parte de la Cámara de Representantes. Todo en medio, por supuesto, de críticas y aplausos. Veamos algunos de cada uno.

Luis Francisco Dangond, presidente de la junta directiva de Fedepalma, dice que las Zidres son la forma en la que se puede avanzar hacia una política plena de acceso a la tierra donde quepan todos (no sólo la agroindustria, sino también la agricultura familiar); mientras Eberto Díaz, de Cumbre Agraria, dice que se trata de una contrarreforma agraria en su segundo capítulo: el primero fue la avanzada de despojo de tierras en cabeza del paramilitarismo. Y el representante de la Alianza Verde Inti Asprilla considera que estamos frente al sexto intento del Gobierno para legalizar el acaparamiento de tierras.

No hay consenso. Es más, el disenso es de una magnitud preocupante: mientras unos creen que las Zidres son la salida hacia el progreso, otros piensan que llevarían a este país a la premodernidad.

La propuesta trata de establecer unas zonas ubicadas en territorios aislados, donde los proyectos agrarios necesitan altas inversiones, falla la infraestructura y también hay mucha pobreza: quieren hacer producir la tierra que no está explotada. Y vista así, pura, resulta inquietante: como su controversial artículo nueve, por ejemplo, que, dicho muy fácil, le da la potestad al gestor del proyecto de ir sumando fuerzas (“arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir”, dice el texto original) hasta llenar las hectáreas que necesite; cosa que choca, si no en la literalidad al menos sí en el espíritu, con la Unidad Agrícola Familiar, pensada para que las personas, justamente, no acumulen tanta tierra. Una medida de igualdad que, si bien puede que no sea conveniente en todo el territorio nacional, no debería ser desactivada con estirones legales.

El tema no es fácil, qué duda cabe. Pero antes de hacer cualquier política, antes incluso de criticarla, deberíamos ponernos en la tarea de pensar bien la tierra, de sanear la propiedad, de cruzar la información que existe, de curarla, de confirmarla...

Curioso, por decir lo menos, que se adelanten estas propuestas cuando apenas comienzan a aparecer resultados preliminares del tantas veces dilatado censo agropecuario que deberá determinar bien qué es lo que hace la gente, en qué se puede ocupar, cuál es la calidad de la tierra, cuánto sirve la agricultura en algunos lugares, en síntesis, qué tipo de desarrollo agropecuario es conveniente promover en cada región de Colombia. Ese mapa no está listo. Y hacer a ciegas cualquier política pública sobre la tierra es lanzar una moneda al aire. ¿Habrá tiempo? ¿Serían capaces de esperar?


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