Según la MOE, 485 donantes a campañas electorales en 2015, que hicieron 534 aportes por $4.397’497.266, recibieron contratos públicos, en total, por $169.466’621.063, lo que sería un equivalente de 39 veces más que el dinero aportado a las campañas políticas. Lo dicho: les salió excelente negocio.
Esas cifras no serían, de entrada, escandalizadoras si la adjudicación de los contratos en cuestión se hubieran hecho de manera totalmente transparente y respetando los principios de la libre competencia. Pero, según cuenta el informe, esa no es la situación.
En palabras de Alejandra Barrios, directora de la MOE: “El 65 % de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de campañas fueron adjudicados a dedo, lo que fácilmente se podría interpretar como una retribución de la donación hecha en campaña. Solo el 34 % restante fueron licitaciones públicas, subastas y concursos de méritos”. Además, como si se necesitasen más evidencias para pedir vigilancia a lo ocurrido, el 85 % de todos esos contratos se entregaron durante los primeros dos años de gobierno. La pregunta necesaria es: ¿por qué?
La información recolectada por la MOE ya está en manos de la Fiscalía, que, es necesario reconocerlo, ha dado notables resultados en los últimos años en términos de corrupción a nivel de entidades territoriales. Sin embargo, la sensación que queda es que el problema es mucho más grande de lo que se pensaba.
Tal vez parte de la complejidad en este tema es la normalización que se ha hecho alrededor de la dinámica: por supuesto, creen muchos líderes políticos y empresarios, es apenas natural que una donación de campaña debe significar réditos una vez se llegue al Estado. Una Colombia comprometida en la lucha contra la corrupción debe superar esa idea.
Tampoco es justo que, sin duda, entre los casos en cuestión se encuentren proveedores que merecían los contratos por méritos de sus cualidades. Para poder diferenciar, no obstante, es necesario que hablemos de cómo reformar las leyes de financiación y de adjudicación de contratos en los ámbitos nacional y regional. Otro pendiente más para un Congreso estancado y sin visión. Es difícil tener esperanza.
Volviendo a los datos, preocupa en particular la situación de Antioquia, que recibió 112 donaciones por $663’301.594, de 103 donantes en 26 municipios. Posteriormente, a los financiadores les fueron otorgados un total de 616 contratos por $85.903’.335.108, que significa 129,51 veces la donación. ¿Qué ocurrió?
La invitación, entonces, es a la ciudadanía y a los entes de control a que vigilen con lupa la adjudicación de contratos. La MOE ya realizó un primer aporte muy valioso. ¿Quién tomará la palabra ahora?
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