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Las reacciones airadas de líderes políticos a la decisión de la Corte Constitucional sobre la prohibición del consumo de marihuana y bebidas alcohólicas en parques es una muestra más de la inmadurez que ha rodeado este debate desde el principio. Es momento de abordar el tema entendiendo el delicado balance entre derechos en tensión que se encuentra en su esencia.
Si fuese por las declaraciones de los políticos, habría que creer que la Corte Constitucional cometió un error garrafal que pone en peligro la seguridad de todos los colombianos, en especial de los menores de edad. Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, dijo que “la Corte Constitucional (...) parece que estuviera por allá en las nubes, en su torrecita de marfil (...) Esto va a generar más criminalidad”. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, escribió que “es momento de parar en el camino y mirar qué país estamos construyendo”. El presidente de la República, Iván Duque, argumentó que “la libre determinación de la personalidad no es la libre determinación de la drogadicción. Vamos a defender la familia colombiana con todo el arrojo”, y luego dijo que se valdría de otras normas para seguir haciendo valer la prohibición.
Todos ellos basaron sus declaraciones sobre caricaturas erradas de la sentencia de la Corte Constitucional.
El Código de Policía prohibió de tajo el consumo de bebidas alcohólicas y marihuana en parques y espacios públicos. Esto, en palabras del alto tribunal, es una norma “irrazonable en relación con la limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad. El simple consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas no implica necesariamente un riesgo o amenaza”. Además, aclaró que en “los casos en que exista vulneraciones a la tranquilidad, las relaciones respetuosas y el espacio público, pueden y deben ser controlados mediante otras medidas de policía”.
En otras palabras, las autoridades necesitan tener la capacidad de reaccionar con mesura y discernimiento, no con prohibiciones generales que no consiguen los objetivos esbozados para justificarlas.
Es importante notar que la Corte no ha dicho que no se pueden tomar medidas para evitar las situaciones problemáticas, solo recordó que hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad que no puede ser censurado de tajo. Por supuesto que la protección de los niños, invocada por los líderes políticos, es un deber del Estado: solo debemos encontrar mejores formas de protegerlos.
Hace una semana, en este espacio, discutimos la prohibición del cigarrillo en parques y mencionamos que podrían crearse zonas de tolerancia. De esa forma se puede conseguir un balance entre ambos derechos y, además, mejorar la relación de las autoridades con los ciudadanos. El prohibicionismo lo único que logra es castigar a unos pocos, mientras el problema real del narcotráfico y microtráfico se esconde y sigue sin ser atendido.
Rasgarse las vestiduras en temas que tocan fibras morales de una sociedad históricamente conservadora es fácil, pero inútil. El reto que la Constitución y su guardiana, la Corte, les hacen a los líderes políticos es claro: ¿cómo construimos una sociedad incluyente, respetuosa de los derechos individuales y que utilice estrategias eficientes contra el narcotráfico?
Nota del editor. Una frase del editorial decía que la decisión de la Corte Constitucional fue sobre un Decreto, cuando en realidad estudió el Código de Policía, como el mismo texto lo menciona después. Se ajustó el texto para evitar imprecisiones.
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