Un nombramiento preocupante

El nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA plantea muchas preguntas sobre el rol de Colombia en el Sistema Interamericano. / Foto: EFE

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El presidente Iván Duque convirtió a Venezuela en uno de los pilares de su campaña. En varias ocasiones como candidato, y en otras tantas ahora como mandatario de los colombianos, denunció la dictadura de Nicolás Maduro y prometió utilizar todos los mecanismos diplomáticos para ayudar a solucionar la crisis de los vecinos. Por eso, una decisión reciente ha causado preocupación. ¿De verdad Alejandro Ordóñez es el funcionario adecuado para representar a Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA)?

El deseo del presidente Duque de utilizar el respeto que Colombia tiene a nivel internacional para promover la democracia en todo el continente es loable. Sin embargo, ese objetivo pasa necesariamente por la OEA y por el Sistema Interamericano, donde se encuentran la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancias que se han convertido tal vez en las herramienta más eficientes para contrarrestar los abusos de poder en los Estados miembros.

Es extraño, entonces, que nuestro representante sea alguien que en el pasado ha expresado posiciones abiertamente agresivas contra la CIDH, y que además carga encima la nulidad de su cargo por haber participado en la dinámica del “tú me eliges, yo contrato a tus familiares y amigos”. ¿Dónde queda la estatura moral del país?

Lo escribió con claridad Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes: “Si en realidad al Gobierno le importa frenar los gravísimos abusos en Venezuela o Nicaragua, por ejemplo, debería enviar a la OEA a alguien que defienda y proteja al Sistema Interamericano. Ese no es Ordóñez”.

Hace menos de un año, el ahora embajador ante la OEA se preguntaba quiénes componen a la CIDH. Su respuesta: “Miembros de la izquierda internacional en busca de recursos para financiarse”. En otro ataque, dijo que el Sistema Interamericano “nos quiere convertir en Venezuela”. La paradoja es que ahora, para ayudar a Venezuela, Colombia necesita de la CIDH y de la OEA. La incoherencia es evidente.

Otro potencial problema será cuando Colombia decida intervenir ante los demás Estados. ¿Cómo podemos pedirles respeto a las normas a los embajadores de Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, cuando nuestro propio representante fue anulado de su cargo como procurador por irregularidades en el nombramiento de funcionarios y, además, irrespetó al sistema judicial colombiano al decir que todo se trataba de un complot político en su contra? ¿Cómo denunciar la persecución política cuando nuestro embajador usó la Procuraduría para iniciar procesos injustos contra líderes de corrientes ideológicas opuestas a la suya?

Y si, por citar otro ejemplo plausible, el embajador decide utilizar los micrófonos de la OEA para criticar al Sistema Interamericano, ¿cómo vamos a evitar que la herramienta más útil para combatir las dictaduras en el continente se desintegre? Si debilitamos los mecanismos internacionales, promovemos el aislacionismo y los abusos de poder.

Seguimos confundidos por la decisión del Gobierno en un puesto de tanta importancia para Colombia y América Latina. Haría bien el presidente en reconsiderar su decisión o, por lo menos, explicarle al país su raciocinio.

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