Un nuevo poder en la planeación ambiental

Bajo el modelo pasado, fueron varias las poblaciones que expresaron su frustración ante la incapacidad de influir sobre las decisiones del Gobierno Nacional.

Es justo que las autoridades locales afectadas por los proyectos de extracción tengan poder de veto sobre las actividades que consideren lesivas para sus intereses.

Ante la aparente incoherencia del Gobierno Nacional en su planeación de la explotación de los recursos naturales del país, la Corte Constitucional ha seguido la necesaria delimitación y reconfiguración de los métodos constitucionales para los proyectos mineros. A su prohibición de la minería en los páramos del país, se suma una medida que les otorga a las autoridades locales el poder de vetar los proyectos con los que no estén de acuerdo. Queda claro que el proceso de elaboración de estas políticas en el país tiene que cambiar.

La Sala Plena del alto tribunal constitucional tumbó el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el cual se prohibía a los entes territoriales negarse a proyectos mineros que se desarrollaran en sus territorios. En la práctica, con esta decisión los gobernadores, alcaldes y concejos pueden negarse al desarrollo de proyectos mineros en sus regiones, pese a que el Gobierno Nacional no esté de acuerdo.

Esto representa una modificación esencial, pues la asignación de estos proyectos estaba centralizada en Bogotá, sin que hubiese una manera vinculante para que los pobladores de las regiones afectadas tuviesen opinión en el tema. Tenían voz, pero ahora pasan a ser una pieza necesaria en la planeación de los proyectos extractivos.

Bajo el modelo pasado, fueron varias las poblaciones que expresaron su frustración ante la incapacidad de influir sobre las decisiones del Gobierno Nacional. Lo ocurrido en Salento (Quindío), donde las autoridades locales denunciaron no tener la capacidad ni el tiempo necesarios para evaluar varias licencias ambientales, es el ejemplo más reciente de la desconexión entre los intereses nacionales y las válidas preocupaciones de quienes habitan los territorios ricos en recursos naturales.

Ya en este espacio hemos propuesto que existe una incoherencia entre las promesas del Gobierno Nacional sobre la preservación ambiental del territorio y su asignación de títulos mineros a lo largo y ancho del mapa colombiano. Si bien es cierto que la renta de los proyectos extractivos es fundamental para el funcionamiento de todo el Estado, y nos afecta a todos los colombianos por igual, también debe entenderse que son los pobladores de cada una de las zonas explotadas quienes tienen que enfrentar los peores daños colaterales producto de la extracción. Ahora, la Corte Constitucional ha dicho que tener poder de vetar aquello con lo que no estén de acuerdo hace parte de su autonomía territorial establecida en la Carta Política, ayudando a solucionar el desbalance de fuerzas entre la nación y lo local.

Son dos las consideraciones importantes al respecto. Primero, como lo explicó César Rodríguez en El Espectador (“Permitido prohibir la minería”, 03/06/15), la decisión otorga la potestad de negar la explotación, pero no de autorizar proyectos. Eso sigue siendo función del Gobierno Nacional.

Segundo, como con todo poder en este país, ahora las autoridades locales tienen encima una carga grandísima de transparencia para demostrar que la utilización de ese veto no responde a intereses clientelistas —creando así otra burocracia corrupta, de esas que tanto abundan en Colombia—. Los concejos se han prestado históricamente para permitir que ciertos intereses, no precisamente los colectivos, hagan valer su influencia con fines inadecuados. Este nuevo poder de negociación con el Gobierno debe usarse con plenos soportes y no convertirse en otra excusa para los favores políticos. Esperamos que esta decisión ponga los ojos en cada una de las zonas donde hay proyectos, de tal forma que quienes suelen actuar protegidos por las sombras no saboteen una sentencia necesaria de la Corte Constitucional.

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