Es un paso

En la mañana de ayer se emitió un comunicado conjunto en el que las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla de las Farc informaron sobre los acuerdos conseguidos en el segundo punto —el que se conoce como “participación en política”— de la agenda pactada para llegar a un acuerdo final que permita el fin del conflicto.

Pueden leerse en la declaración tres puntos: derechos para la oposición y los nuevos movimientos que surjan en virtud del acuerdo; mecanismos democráticos para la participación ciudadana y, finalmente, medidas efectivas para que más sectores —locales y nacionales destacados, pero también los más vulnerables— puedan ejercer mayor participación. Todo suena bien.

De hecho, mucho de lo que viene después de enunciados estos tres puntos es una declaración de principios que puede ser considerada como un mensaje contundente para que se amplíe la democracia en Colombia —cosa que, sin duda, hace falta—: proponen, por ejemplo, un evento nacional con los voceros de los partidos y movimientos políticos para que se cree una comisión. Y que en la comisión, de manera integrada, se defina lo que será el estatuto de la oposición. También que se tomen medidas para crear una nueva cultura de la reconciliación, de la no estigmatización. Un cambio en el lenguaje, si se quiere.

Y más, muchas más. Tan obvias que no hay necesidad de mencionarlas, como la creación de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia para la implementación del acuerdo final. Otras creativas y novedosas, como la implementación de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, con el fin de promover la integración de comunidades que se han visto especialmente afectadas por el conflicto. Varias de ellas en un lenguaje demagógico que pudo haber sido mucho más conciso.

Sin embargo, dentro de todo este compendio democrático sigue pendiente la duda central del tema: ¿Y qué pasará con las Farc? ¿Podrán o no participar en política después de que dejen las armas? ¿Todos, algunos, en qué condiciones? Bueno está abonar la tierra con estos principios —que, sí, hacen falta en Colombia y no sobra recordarlos y hacerlos efectivos en un contexto como este del eventual posconflicto— pero, hasta ahora, ambas delegaciones se pusieron de acuerdo en algo en lo que —salvo algunos retrógrados que todavía existen— la enorme mayoría de colombianos coincidimos: hay que ampliar la democracia de este país. Muchos sectores son subrepresentados o, simplemente, no existen en el espectro de participación directa e incluso de la representativa. Decirlo está bien. Pero, ¿y las Farc? ¿No están allá para mirar cómo es que se van a meter en la política en vez de estar defendiendo sus ideas a punta de disparos en el monte? ¿Pueden, al fin, o no pueden?

El problema más difícil de resolver en este punto no pudo ser atendido en este ciclo de conversaciones. ¿Por qué, entonces, se demoraron tanto? Hay en el documento un aplazamiento de esta pregunta prioritaria: “Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las Farc-Ep a la actividad política legal serán discutidas en el marco del punto 3 de la agenda”. Éste se titula: “Fin del conflicto”. Todo indica, pues, que se ha lanzado el balón hacia adelante para poder avanzar. Lo cual es positivo, siempre y cuando no perdamos de vista que la consecución de la paz va mucho más allá de declaraciones de principios.

Por ahora, y por la fe que hemos puesto en este proceso, esperamos que el punto siguiente (el cuarto), que tiene que ver con las drogas ilícitas, pueda salir un poco más rápido que este último. Y más concreto también.

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