:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/boeZ8-T9FDkAiMACODeeFzV2eRc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/AH6AW5QIQJGPRKBIUAG3L7KCDA.JPG)
Una decisión que debería ser emblemática terminó convirtiéndose en un colofón agridulce del caso de Sergio Urrego. Aunque la justicia logró demostrar que contra él se cometieron atropellos injustificables por su orientación sexual y se sentó un precedente judicial para impedir que una historia así se repita, las dilaciones en el proceso podrían resultar en un caso más de frustrante impunidad.
Sergio Urrego se suicidó el 4 de agosto de 2014, a los 16 años, tras sufrir una campaña sistemática de persecución y violencia simbólica emprendida por el colegio Gimnasio Castillo Campestre luego de conocer su orientación sexual. Un mes después de la tragedia, su madre, Alba Reyes, inició un largo proceso judicial para limpiar el nombre de Sergio, que también logró desnudar las fallas del sistema educativo para prevenir la discriminación contra niños, niñas y adolescentes LGBT.
En 2015, la Corte Constitucional determinó que Sergio sí fue discriminado por el colegio debido a su orientación sexual y victimizado para reprimir su homosexualidad. En los años siguientes se dictaron dos condenas penales por este caso contra Rosalía Ramírez, exveedora del Gimnasio Castillo Campestre, e Ivonne Cheque, expsicóloga del colegio. Ambas firmaron preacuerdos con la Fiscalía, aceptaron su responsabilidad y reconocieron que se alteraron archivos donde se evidenciaba la persecución de la que fue víctima Sergio. Los fallos se consideraron históricos, pues fueron los primeros en el país que castigaron como delito la discriminación por razón de la orientación sexual.
Faltaba todavía una decisión final en el caso, respecto de la responsabilidad de Amanda Azucena Castillo, rectora del Gimnasio Castillo Campestre, quien lideró el matoneo y presionó a los padres del compañero que era pareja de Sergio para que interpusieran una falsa denuncia de acoso sexual en su contra, a pesar de que sabía que la relación entre los jóvenes era consentida.
En 2018, Castillo se libró de ser procesada por el delito de discriminación agravada, el más importante que se le había imputado, debido a que había prescrito y solo pudo ser juzgada por falsa denuncia y ocultamiento de pruebas. Esos fueron los cargos por los que el juez 43 de conocimiento de Bogotá la condenó ayer, aunque aún está por conocerse la pena.
A pesar de que los tribunales se han pronunciado de forma contundente en varias ocasiones, a los que se suma este fallo condenatorio en primera instancia, el caso contra Castillo prescribirá finalmente en 15 días. Ante una eventual apelación por parte de la defensa, no habría tiempo para una segunda instancia. Por eso, una decisión que debería terminar de reivindicar la memoria de Sergio Urrego probablemente acabará ahogándose en una impunidad frustrante.
La impotencia de las víctimas, particularmente de Alba Reyes, es palpable. En el pasado advirtió que Castillo estaba cerca de evadir la justicia por maniobras dilatorias que habían impedido el avance del caso. Ahora, incluso con una condena en mano, los intentos por hacer justicia en nombre de Sergio podrían ser en vano. Las palabras de Reyes, en entrevista con El Espectador, son dicientes: “El final de esta historia me deja un gran dolor, no solamente como víctima, sino como una mamá que perdió a su hijo a causa de la homofobia y la violencia en Colombia”.
El Estado le debía a Sergio Urrego que se hiciera justicia, así como les debemos a niñas, niños y jóvenes LGBT una educación libre de discriminación y que proteja la diversidad. Seguimos en deuda con todos ellos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.