Una década de la Carta Democrática

El próximo domingo se cum - plen diez años de la firma de la Carta Democrática Interamericana que estableció una serie de normas para mantener el respeto y promoción de la democracia como uno de los valores esenciales de los países del hemisferio. A pesar de que la conmemoración de este importante instrumento se llevó a cabo recientemente en Chile, el tema no parece haber concitado mayores comentarios.

La Carta Democrática, adoptada en Lima, siendo Secretario General de la OEA el expresidente César Gaviria, fue la culminación de un proceso que había comenzado en los noventa para frenar los atentados contra regímenes democráticamente constituidos. Con el tiempo se buscó la manera de ponerle dientes a la Organización al establecer unos parámetros precisos bajo los cuales actuar. La Carta fue adoptada por los 34 países miembros, luego de que unos meses atrás, en abril del mismo año, los jefes de Estado y de Gobierno de la región le habían dado vía libre en Quebec durante la Tercera Cumbre de las Américas. En esencia, se trató de dar una respuesta a las amenazas a la democracia y definir los elementos básicos de la misma, estableciendo mecanismos aplicables en caso de presentarse el típico “cuartelazo”, o golpe de Estado, pero yendo más allá al concederle al secretario general la posibilidad de actuar cuando el orden democrático haya sido seriamente alterado. El balance de la aplicación de la misma, hasta hoy, tiene sus bemoles. Fue aplicada en su momento en Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Guatemala, con éxito, pero al mismo tiempo se cuestiona seriamente su eficacia frente a ciertas situaciones vividas en Venezuela, Ecuador o Bolivia , donde algunas conductas de sus gobernantes parecen alterar el orden democrático y los estándares internacionales del equilibrio de poderes. El puntillazo fue el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras y el desgastante proceso que concluyó unos meses atrás, gracias a la efectiva mediación del presidente Santos.

De ahí que el décimo aniversario sea el momento ideal para dar una mirada crítica y propositiva al mecanismo para adecuarlo a las nuevas realidades hemisféricas. Según el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, “si logramos tres cosas —definir bien cuáles son las rupturas fundamentales, identificar un mecanismo de seguimiento no invasivo y buscar formas de prevención más adecuadas— ya haríamos un aporte muy significativo a la Carta”. Ese es el camino que se debe transitar a futuro y la labor debe ser iniciada de inmediato en el ámbito de la Organización por los estados miembros. No se trata de modificar la Carta, pues su contenido es suficiente para cumplir los propósitos para los cuales fue creada. En consecuencia, lo que amerita es que la misma seareforzada y mejorada, poniéndola a tono con los nuevos aires que se respiran en la región. Tal vez una de las mejores conclusiones a las que llegaron los cancilleres asistentes a Viña del Mar es que la Carta es “una herramienta útil pero aún débil frente a las amenazas”, y no les falta razón. Una cosa es un proceso electoral limpio y transparente, y otra muy distinta es el “cesarismo democrático”, donde el gobernante de turno traspasa la borrosa línea del juego democrático limpio al darle un tinte de legalidad a decisiones que son avaladas por las instancias jurisdiccionales que controla a su antojo.

Ese es el tamaño del reto que deben asumir los países miembros de la OEA al momento de definir los nuevos mecanismos y herramientas que deberán poner la casa en orden sobre la base de las realidades regionales, para anticiparse así a hechos condenables como los ocurridos en Honduras. La palabra la tienen ahora los 34 estados miembros, a algunos de los cuales seguramente no les hace mayor gracia que se aumenten los mecanismos hemisféricos de supervisión del sano ejercicio de la democracia.

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