Una estratégica reforma a la justicia

Después de un acalorado debate y de romper un poco esa mística amigable que había entre el nuevo Gobierno y las altas cortes, se llegó por fin a un acuerdo entre ellos sobre lo que se presentaría al Congreso para dar trámite a la reforma a la justicia. Así se hizo el pasado 4 de octubre en horas de la noche.

Desde entonces, se ha iniciado un nuevo debate, casi igual de ardiente, por tratarse de una reforma a la justicia mucho más liviana, carente de la fortaleza radical que contenía la presentada originalmente por el Gobierno y en la cual se ven claramente toda suerte de concesiones a distintos intereses. Está suavizada, se han limado los puntos más álgidos del desencuentro entre los dos poderes públicos y el Gobierno resultó, como casi siempre, cediendo ante los reclamos: el Consejo Superior de la Judicatura —por lo menos en la forma y bajo ese título— se mantiene con sus salas Administrativa y Disciplinaria; se crea la doble instancia para juzgar a los congresistas, en aras del debido proceso; se aumenta el presupuesto para los miembros de la rama judicial, así como el periodo de los magistrados, de ocho a doce años; se aminora la regulación del tema de la tutela, entre otros.

Esta reforma a la justicia —como las otras propuestas de ambas partes— presenta una serie de problemas que ya habíamos evidenciado en este espacio anteriormente. El tema de que funcionarios administrativos atiendan contravenciones, o que cualquier abogado con tarjeta profesional pueda fungir como juez de alguna causa para aligerar la congestión, son temas inconvenientes que a nivel de propuesta suenan muy bien pero de implementación no tanto. El primero, porque es la rama quien debe ocuparse de, por ejemplo, legalizar una captura —una cuestión de Estado de derecho que nos costó mucho lograr— y, el segundo, por el nivel de experticia de ciertos abogados, que no les otorga como por arte de magia la capacidad de juzgar un caso de derecho.

Pese a los problemas que ostenta, no hay que ir tan lejos, como algunos críticos, para pedir que se hunda la reforma bajo el argumento de que no resuelve asuntos particulares de la crisis en la justicia. Hay que tener en cuenta que una reforma constitucional —en este caso necesaria y tardía— es un ajuste estructural de los problemas. Con ella no se quiere resolver las particularidades sino fijar un marco: el paso a seguir es hacer reformas legales y administrativas que reduzcan las especificidades que tanto alegan usuarios y miembros de la rama.

En segundo lugar, y aquí coinciden los expertos, la reforma es discreta pero necesaria. La Corporación por la Excelencia en la Justicia nos ha manifestado que el hecho de que la reforma haya pasado por el Congreso es ya un motivo de aplauso. Y claro que es tímida, no podría ser otro el resultado de un acuerdo político con un gobierno que pretende dialogar y tener buenas relaciones con los otros poderes públicos. No debe entenderse que por retirar los puntos de extrema oposición no se ganó algo: los anteriores intentos de reforma a la justicia nacían muertos.

Además, queda todavía un largo recorrido: un acto legislativo tiene 8 debates y siempre suscita controversia al interior del Congreso. El presidente Santos se jugó la inteligente carta de una propuesta ponderada, sin meterse como miembro del ejecutivo en los asuntos de la justicia. El Congreso, ahora, puede empezar a discutir y a plantear la posibilidad de incluir los puntos rechazados. Unos que compartimos, como la regulación del tema de la tutela y el órgano de cierre, y otros que no, como la ampliación del fuero militar —bien retirado en el primer debate—.

La tela por cortar es bastante. Pero la estratégica forma de presentar este acto legislativo fue muy astuta: ya está puesto sobre la mesa. Sólo esperamos que el resultado sea el mejor: la creación de un marco que permita descongestionar la justicia y crear mecanismos clave para que opere de una forma eficiente.

 

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