Una lección más

Estas últimas semanas han estado marcadas por críticas severas al proceso de paz que se discute en Cuba entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc: sobre las conversaciones se cierne una especie de agotamiento social, una espera de resultados más concretos, que se traduce en fijar plazos para acabarlo (o desecharlo). Vamos a ver qué ocurre con eso. El proceso necesita, sin duda, un paso adelante.

Lejos de allá, y también muy distante de la guerra que se libra en las selvas colombianas, está un tema que, aunque no tan protagónico para el ojo noticioso, es fundamental como precedente para el eventual posconflicto de esa larga guerra: como hemos venido anunciando desde hace aproximadamente tres años en este espacio editorial, los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que se acogieron a las normas internas de la Ley de Justicia y Paz, empiezan a cumplir los años de sus castigos penales. No solamente nos preguntábamos en ese momento qué hacer con ellos, sino también cuál sería el impacto en la sociedad una vez empezaran a salir a las calles, a caminar con libertad.

Un largo debate se ha armado frente a la posibilidad de que el exjefe paramilitar Úber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, salga de la cárcel donde está recluido. A esa libertad, declarada por la magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, le han salido obstáculos mayores.

No queremos dejar de lado, como si aquí en este país no hubiera sucedido nada, el historial criminal de una persona como Juancho Dique: resulta imposible olvidar la estela de terror que dejó en la región de Bolívar, estando al mando del frente Canal del Dique, una facción del tenebroso bloque Montes de María, que dejó a su paso cientos de víctimas, comunidades fracturadas y una sensación desoladora de que en este país no hubo Estado que contuviera la maldad humana. Es difícil.

Lo pactado bajo la sombrilla del derecho, sin embargo, era una serie de condiciones para que los desmovilizados en algún momento recuperaran la libertad. Tendrían que pasar por una serie de requisitos, claro: cumplir una pena de ocho años, participar en actividades de resocialización, tener un certificado de buena conducta, contribuir al esclarecimiento de la verdad, no cometer delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización, pedir perdón, entre otras cuestiones. Todo esto, de acuerdo con la lectura de la magistrada, es lo que ha cumplido Juancho Dique. Mal haría un Estado en incumplir su propia palabra en procesos como estos.

El 25 de marzo pasado, como recordamos en un completo informe de este diario (“La enredada libertad de los ‘paras’”), la fiscal Adriana Castro le dictó medida de aseguramiento a Dique por el asesinato de cuatro trabajadores sexuales que ocurrió en la emblemática Torre del Reloj de Cartagena en 2003. Claro que es importante que sucesos como este no queden lejos de la justicia ni impunes, pero no podemos obviar el hecho de que la Fiscalía tuvo una década para abordar el caso con la rapidez y efectividad debidas. No lo hizo y, en cambio, el mismo día en que el Tribunal Superior le concedía la libertad a prueba, salía esta nueva medida. Tremenda coincidencia que le impide, por supuesto, estar libre. Los recursos legales que ha aplicado, con razón, han sido negados: debe aclararse ese hecho. Igual, tremenda coincidencia.

La justicia transicional debe ser cuidadosa: no solamente de no dejar en la impunidad ciertos hechos (como muchos piden), sino también de no convertirse en un enrevesado laberinto jurídico que no les permita a sus postulados salir de él, como negociaron. El Estado debe examinar a fondo esta situación y cumplir con lo pactado.