Una ley por el cine

Hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionará el proyecto de ley 150 del Senado y 220 de la Cámara, más conocido como la Ley de Cine. Una iniciativa que busca fomentar la actividad cinematográfica en Colombia.

Falta ver qué tanto de todo lo que promete esta norma es cierto, porque, como es corriente, se ha despertado un debate en la sociedad civil en torno a cuál es el índice real de ayuda que brindará esta iniciativa. La discusión inició hace un tiempo, justamente en las páginas de este diario. Manuel Drezner firmó una columna publicada el 24 de junio, diciendo que esta nueva ley no ayudará en nada al cine colombiano, porque los principales beneficiados serán los grandes empresarios extranjeros. Y generará —continúa Drezner— un derroche increíble de dinero en viáticos.

Es obvio que miembros del sector y algunos promotores de la ley hayan salido a apoyar la iniciativa gubernamental. Mariana Garcés, ministra de Cultura, dijo que lo de Drezner era cuestión de no leer bien la ley. Otros, como la productora Cristina Gallego, dicen que esta es una legislación que está presente en otras latitudes y que busca incentivar el rodaje en Colombia.

Al margen de todas estas consideraciones, está la ley, el texto como tal. Valdría la pena analizar qué de todo lo que dicen es verdad y qué no. La ley tiene ciertos objetivos: fomentar la actividad cinematográfica en Colombia, promover el territorio nacional como elemento cultural para la filmación de audiovisuales y, finalmente, desarrollar la industria cinematográfica.

El Estado colombiano, dice la ley, devolverá el 40% del valor del gasto que los productores realicen en la contratación de servicios nacionales de preproducción, producción y posproducción, y el 20% del gasto en hoteles, alimentación y transporte. Esto para una inversión mínima de 1.800 salarios mínimos, unos mil millones de pesos mal contados. Para las productoras nacionales aplicaría el mismo beneficio.

No hay que ser extremadamente perspicaz para darse cuenta de que sólo las grandes productoras, con un capital lo suficientemente vasto para invertir en cine, tendrán acceso a estos beneficios. Lo cual no es malo en sí. Hay que evitar la verborrea nacionalista de “apoyar a las pequeñas productoras” en todo este asunto. El argumento real va más allá, y despierta una pregunta que sí es provechosa: ¿tienen las grandes productoras algún incentivo para abolir el sistema “clasista” que existe hoy dentro de la industria del cine y que genera siempre el mismo tipo de películas?

En segundo lugar, la ley saca al sector creativo del concepto de “industria cinematográfica”. El régimen para los productores es clarísimo y está muy bien definido. Por obra de este instrumento las productoras colombianas, las locaciones para las del extranjero, así como la inversión en el país o el turismo, se propulsarán rápidamente. Esto es positivo, no sobra mencionarlo.

Pero, ¿y los creadores? Los que realmente son el corazón de la industria lucen de alguna forma marginados. Sabemos que la ley entra a regir de forma complementaria con la 814 de 2003, que sí se ocupa cabalmente de este otro sector, pero con esta nueva disposición las cargas de beneficios para creadores y productoras lucen desbalanceadas. ¿Qué incentivo nuevo habrá, no para usar cámaras o filmar, sino para escribir guiones y, por ejemplo, usar una productora pequeña e independiente?

La ley está enfocada a un solo eslabón de la gran maquinaria que es la industria cinematográfica. Habrá, sin embargo, que crear nuevos incentivos para el sector creativo y que, ahí sí, los dos sectores se complementen de forma armónica.

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