Una leyenda con muchos muertos

Corre por Boyacá, de nuevo, el fantasma de lo que los medios dieron en llamar “la guerra verde”, esa disputa sangrienta entre clanes familiares, narcotraficantes y grupos armados que, entre 1985 y 1989, y por la sola ambición de controlar el negocio de las esmeraldas, dejó un saldo de 3.500 muertos.

Vuelve, pues, como de rebote, luego de que en 1990 se firmara una paz que empezó a tambalear en abril de este año una vez murió Víctor Carranza, el llamado zar de las esmeraldas.

Paz, sin embargo, es una palabra muy grande que no describe con exactitud lo que allí se impuso durante 20 largos años. El legado de paz que algunos le quisieron atribuir a Carranza después de su muerte fue, más que una sana convivencia entre los que allí se han disputado la tierra por cinco décadas, la imposición de la fuerza por medio de la violencia, tal y como dijimos en estas mismas líneas una vez nos enteramos de la noticia.

Ahora los líos entre familias, la sombra del narcotráfico, la posibilidad de la guerra cruda y el río de sangre han vuelto, como si el tiempo en esta región diera vueltas sobre sí mismo. Hace dos semanas, en el municipio de Pauna (Boyacá), el nuevo zar de las esmeraldas, Pedro Nel Rincón Castillo, mejor conocido como Pedro Orejas, fue lastimado por una granada de mano lanzada por un sujeto que sus 35 escoltas mataron a tiros. Ahí lo oímos, poco después, en Noticias Caracol y Blu Radio haciendo serios cuestionamientos contra las familias Molina, Sánchez, Murcia y Cañón —importantes clanes que desde la década del 70 controlan gran parte del negocio—: que rompieron el pacto de la paz, que estaban “a la pata” suya, dijo.

Ahora que está tras las rejas, detenido a prevención por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas, declaró que se retractaba de esas sindicaciones, que cuando las expresó estaba emocionalmente afectado y que estaba dispuesto a negociar la paz. La paz, esa palabra. Y pidió la presencia de la Iglesia Católica, en cabeza de monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, el mismo que ayudó a calmar los ánimos en 1990. Los mismos nombres. Las mismas familias. Todo sigue igual.

A esta realidad hay que sumarle, sin duda, una franja de la montaña bautizada Consorcio, —justo en la mitad de los dominios de las familias Carranza y Rincón— en donde se encuentran piedras valiosísimas, algunas de hasta $3.000 millones. Si bien se la habían repartido en un acuerdo, éste quedó en el aire cuando unos hombres armados entraron a ella desde la zona apropiada por el clan Rincón. Luego casas de los Carranza empezaron a ser intervenidas a la fuerza. Luego empezaron a matar gente cercana a esta familia. Y así, la llamada ‘guerra verde’, está volviendo.

¿Y el Estado, nos preguntamos nosotros? ¿Dónde está? Mejor, ¿dónde ha estado estas últimas cinco décadas? ¿No le pesará esa deuda histórica con la zona?

El gobierno de Juan Manuel Santos ordenó el lunes de la semana pasada que los ministros de Minas y del Interior fueran a “hacer presencia de forma permanente” para evitar otra “guerra verde” y que la violencia volviera. Fueron sus delegados hasta el viernes pasado a discutir el tema de la paz que quieren retomar. ¿Cuál paz?

No se da cuenta el Gobierno de que aquí las cosas nunca han sido llamadas por su nombre propio. Y, por eso mismo, la realidad ha sido distorsionada y ha sido definida de forma imprecisa. Se le olvida que aquí no se trata de unas familias que pelean entre ellas inofensivamente mientras recogen sus esmeraldas, sino también de grupos criminales, de narcotraficantes, de grupos de defensa privados, de corredores de droga. El mismo Víctor Carranza —la cara de esa tal paz— fue señalado de tener nexos muy fuertes con el paramilitarismo. La justicia no le hizo ni cosquillas y ahora está muerto.

El problema es mucho más neurálgico. De mucho más fondo. ¿Podría, por primera vez, tratarse como tal? De no ser así, como vemos, la historia de esta zona estará destinada a seguir girando en círculos y la leyenda seguirá dejando más muertos.

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