Una nueva cara en la justicia

Después de la tortuosa salida de Juan Carlos Esguerra de la cartera de Justicia, el presidente Juan Manuel Santos no la tenía fácil para definir a quién poner al frente de ese ministerio.

El episodio de la fallida reforma a la justicia fue, sin duda alguna, el golpe más duro que ha tenido que enfrentar como gobernante en estos años de gestión. No sólo él y su gobierno sino, de paso, casi todo el aparato estatal, frente a una ciudadanía activa y exigente.

Al margen de ello, el Ministerio de Justicia, que enhorabuena el gobierno de Santos decidió revivir, fue el que más llevó del bulto (injustamente, a veces) en ese gran escándalo. El bienintencionado pero pasivo Juan Carlos Esguerra tuvo que renunciar después de un bajón, no sólo de legitimidad y de popularidad, sino también de gobernabilidad.

¿Cuál es la nueva carta de Santos? Esta vez se la jugó por Ruth Stella Correa Palacio, abogada y exconsejera de Estado, quien ayer tomó posesión de su cargo.

Las credenciales que tiene Correa dentro de la rama muestran un largo recorrido. Pasó por varias instancias antes de llegar al alto gobierno: fue juez primera civil municipal de Santa Rosa de Cabal, juez primera laboral del Circuito de Pereira, secretaria del Consejo de Estado, entre otros cargos. Su labor judicial es sólo una parte de su vida, ya que en la academia también ha tenido ciertos reconocimientos, como el de ser integrante de la comisión redactora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. En sus fallos en el Consejo de Estado fue una consejera que, por ejemplo, entendió y clarificó todas las tendencias que ha tenido la carga de la prueba —un tema nada fácil— en temas de responsabilidad médica.

Así que se trata de una persona preparada para el cargo. Pero esto, lastimosamente y para este momento histórico, puede no ser suficiente. No se sabe si los retos que la esperan excederán o no a sus créditos. Esguerra era también una persona sumamente preparada, pero terminó atascado en el fango de las maniobras políticas.

En primera medida, falta ver qué va a pasar con el gran problema de la congestión judicial. Porque si hay algún inconveniente que un ministerio llamado “de Justicia” esté en obligación de resolver, es justamente ése, el que más aqueja a la ciudadanía. ¿Con qué política pública nos saldrá la nueva ministra para acortar esos largos e ineficientes procesos?

Es muy difícil, en el panorama actual, insistir en el trámite de una reforma constitucional. Imposible, de hecho. Pero hay otras opciones. Pequeños asuntos, lo hemos dicho, contemplados en los códigos de procedimiento actuales, que modificados o fortalecidos podrían ayudar a lograr la meta de la descongestión y el acceso a la justicia. La oralidad que promueven los nuevos códigos Administrativo, Contencioso Administrativo y General del Proceso, es un paso adelante en este sentido.

Así mismo, valdría la pena que la ministra pusiera orden en la casa haciendo un estudio extensivo de cómo, cuándo y en dónde fallan los procesos. Un mapa en el cual se puedan discernir los baches que se encuentran en toda la institucionalidad judicial del país. No es una labor fácil, pero sin duda sería mucho más provechosa que más y más leyes.

Finalmente, la ministra necesitará tacto político. Ésta deberá ser una tarea paralela si quiere recuperar la dignidad del cargo, la legitimidad ante la ciudadanía y una buena relación con las cortes.

Ruth Stella Correa es sobre todo valiente. Pocos se le medirían a esta difícil tarea en este momento de incertidumbres. Esperamos que pueda tener una buena gestión a través de la cual se recupere la fuerza institucional que hoy luce amenazada.

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