Una ponencia, un comienzo

Este diario reveló el domingo pasado la ponencia que, convertida en fallo favorable —como esperamos nosotros—, abriría la puerta para que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos en Colombia (“Corte aprobaría adopción a parejas del mismo sexo”. El Espectador, 17/11/13).

Se trata del caso de Ana Elisa Leiderman —quien dio a luz a una niña concebida por una inseminación artificial— y su pareja, Verónica Botero. Cuando en 2009 la Defensoría de Familia de Rionegro (Antioquia) negó a Botero la adopción de la hija de su compañera, todo se volvió un calvario de líos judiciales. La razón expuesta fue simple: que no, porque la legislación colombiana no prevé la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y que el artículo 42 de la Constitución, recordó la entidad, habla de la familia en términos de hombre y mujer. No tanto: esa es la interpretación más simplista y menos sistemática de todas, pero bueno.

El caso es que ellas persistieron. Interpusieron una tutela para que se continuara el proceso de adopción sin que su condición sexual fuera un impedimento para que una pudiera adoptar la hija de la otra. No sobra repetirlo: dar o negar un privilegio jurídico a alguien por la sola razón de sus preferencias sexuales, se llama discriminar. Así lo establece la Constitución y así, de manera acorde, deberían comportarse nuestros funcionarios de todos los niveles. Pero lo que es obvio aquí para unos, no lo es tanto para los otros, y de ahí el calvario vivido por las accionantes: del Juzgado Primero Penal de Antioquia al Tribunal Superior y luego al escarnio público por cuenta de la oposición rotunda de la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Alejandro Ordóñez.

El caso llegó a la Corte y la ponencia fue encargada al entonces magistrado Juan Carlos Henao, quien entregó un documento, conocido también por El Espectador, en el que confirmaba la posibilidad de que se continuara el proceso de adopción sin tener en cuenta la condición sexual de las solicitantes. Pero Henao fue nombrado rector de la Universidad Externado y ahí quedó todo. El magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien hoy nos sorprende con esta ponencia, asumió el caso. Y nos sorprende por ser él un delegatario de los votos de la quintaesencia del conservatismo en el Congreso que hoy muestra una independencia notable.

La ponencia da varias vueltas, sin embargo. Después de hacer un guiño a las parejas heterosexuales, diciendo que son el escenario natural de reproducción y la estructura esencial especialmente protegida por el Estado, y de afirmar, no sin algo de razón, que los privilegios dados a punta de sentencias a las parejas del mismo sexo (patrimoniales, de salud) no son extendibles a la categoría de adopción, se puede leer la tesis fuerte, histórica: hay un déficit de protección del menor cuando el Estado se abstiene de reconocer las relaciones de afecto que hay entre un niño y la pareja de su padre biológico, independientemente de si es del mismo sexo o no, como ocurre en el caso.

La ponencia, para no ir muy lejos, es tímida. Así como tímida fue la sentencia que estaba encaminada a reconocer el vínculo familiar entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, insistimos, es una puerta de apertura importante que podría significar, por fin, vivir en un país más incluyente, que no discrimine por la simple razón de la preferencia sexual. Sería, además, un ejemplo simbólico el hecho de que, como resuelve finalmente el magistrado Guerrero, la pareja de accionantes pueda seguir con el trámite legal sin que su homosexualidad sea un impedimento para establecer el vínculo de madre e hija. Es histórico. Hay que promover el voto positivo de esta ponencia. Ojalá así sea.  

 

 

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